Libros

No invocar la democracia en vano

publicado en la revista Ñ, de Clarín, 3 de enero 2004

Pasados los festejos por los “20 años de la democracia”,

debemos reflexionar sobre la calidad de nuestras instituciones y gobiernos.

Un mandamiento primordial del judeo-cristianismo y de otras religiones es "no invocar el nombre de Dios en vano". Recuerdo que de niño no entendía la priori­dad de este precepto, pero con los años se me hizo evidente la importan­cia de la pala­bra, sin la cual no hay comunicación ni conocimiento, y también la certeza de que hay palabras sagradas, o necesarias, cuya degra­da­ción puede ser irrepa­rable.

            Por favor, no invoquemos la democra­cia en vano. Vale la pena rescatar el significado del concepto: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según el clásico discurso de Abraham Lincoln.

            La elaboración de esta categoría del pensamiento político se remonta a Platón y Aristóteles –aunque ambos, por cierto, desconfiaban del gobier­no de las mayo­rías– y culmina, tras siglos de debate, con las concepciones modernas, influidas por la confrontación entre ideas liberales y socialis­tas, que aportaron la distinción entre democracia formal (de procedimien­tos) y sustancial (de fines). El célebre politólogo italiano Norberto Bobbio enseña que la democracia perfecta debería ser formal y sustancial, es decir, del pueblo y para el pueblo; una síntesis hasta ahora irreali­zada, agrega, y por lo tanto utópica.

            Ahora bien, en días recientes escuchamos por todos los medios de comunica­ción evocar nuestros "veinte años de democracia". ¿Qué democracia? Nadie puede dejar de festejar que hayamos vivido dos décadas sin dictadu­ras de facto, pero llamar democracia a la sucesión más o menos regular de gobiernos constitucionales es un abuso de lenguaje.

            En otros tiempos era más claro. Este año se recordó el siglo y medio de la Constitución de 1853, en cuyo texto no aparece ni una sola vez la palabra democracia. Aunque el proyecto de las Bases de Alberdi definía el gobierno de la República como "democrá­tico", los convencionales acogie­ron casi todas sus propuestas excepto ésa, y resolvie­ron adoptar la forma de gobierno "repre­sentativa republicana". Para que no quedaran dudas, a fin de excluir puebladas u otros desbordes, añadie­ron que "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus represen­tan­tes y autoridades". Aquellos constituyentes preferían una república aristocrá­tica, y enten­dían que la democra­cia era otra cosa.

            Lo tenían igualmente claro los congresales que votaron la frustrada Constitu­ción unitaria de 1819, acompañándola con un manifiesto donde procla­maban la máxima "todo para el pueblo y nada por el pueblo", conforme a la cual la participación popular se reducía a "la propuesta de elegi­bles".

            En el siglo XX, a pesar de las reformas que tendieron a ampliar la participación ciudadana, las cosas no mejoraron mucho. En realidad, los progresos han sido "de palabra", pero devaluándola. Se ideó un concepto redundante: la democracia participativa. Las nuevas constituciones, en el nuestro y otros países, trazan en todo caso un programa democrático, que está lejos de haberse concretado.

            La reforma de 1994 incluyó en la Constitución argentina formas de participación democrática directa como la iniciativa legislativa y la consulta popu­lar, proscribió a cualquier futuro usurpador de la autori­dad estatal y amplió el elenco de los derechos humanos; faltó instituir la revocatoria de mandatos (como en la constitución bolivariana de Vene­zuela), el acceso pleno a la información pública, etc.; está pendiente el desarro­llo legis­lativo de cláusulas claves sobre el ejercicio de los poderes, y falta sobre todo hacer cumplir la letra y el espíritu de muchos dere­chos funda­menta­les sanciona­dos. Además, así como en nuestro sistema político gravi­tan facto­res de poder económicos y corporativos, es previsible que sigan irrumpiendo otros modos de inter­vención popular, cuyos ejemplos matrices en la conciencia colec­tiva son el 25 de mayo de 1810, el 17 de octubre de 1945 o el 20 de diciembre del 2001. Mal que les pese a algunos constitu­ciona­listas, nuestra república representativa es muy imperfecta y nuestro pueblo tiene una larga experiencia en ensayos de democracia direc­ta.

            Lamentablemente, en el discurso de demasiados políti­cos, comunica­dores y gobernantes no hay diferencia entre el programa y la realidad: "vivi­mos en democracia". He ahí por lo menos un error, y por lo más una mistificación.

            Este equívoco es un recurso de propaganda de las "gran­des democra­cias" occidentales, funcional ayer en la pugna con los "totalita­ris­mos" comunistas y hoy con los "fundamentalismos" tercermundis­tas. Sin embargo, es fácil advertir que la confusión se vuelve en contra de los manipulado­res, porque lleva a los desposeí­dos y marginados a descreer de "la demo­cra­cia".

            En el fondo, Raúl Alfonsín tenía razón: la democracia garantiza no sólo las libertades, sino también el alimento, la salud y la educación. La trampa consistía en creer que el gobierno consti­tucional que él presi­dió era sin más la democra­cia. Carlos Menem tampoco se privó de autopro­clamar­se demócrata, aún cuando confesa­ra que su ardid para subir al poder fue prometer lo contra­rio de lo que iba a realizar. Ni hablar de De la Rúa, cuyo gobierno debutó sobornando senadores, en la mejor tradición de la “democracia tarifada” (según expresión de su ex vice). El presidente Kirchner propone que seamos serios, y sin duda él ha renovado las esperanzas de nuestra sociedad, devol­viéndonos la confianza en la lucha política por vías democráticas; pero convengamos en que todavía falta para llegar a la democracia.