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Capítulo I. EL FENÓMENO PERONISMO

La caracterización del peronismo es un asunto tratado por innumerables estudios dentro y fuera de nuestro país. A pesar de toda la tinta que ha corrido, continúa siendo una incógnita para la opinión pública internacio­nal, una categoría dudosa en las ciencias sociales y un punto de inevitable controversia en el debate político-ideológico. En la Argentina todos "sabemos de qué se trata" pero está lejos de existir consenso sobre su defini­ción, y no es extraño encontrar concepciones divergentes en el propio interior del movimiento.

Una larga lista de ensayos pretende asir el fenómeno como especie o variedad de alguna categoría política. Por un lado la línea de interpretación asociada con el anti­guo antiperonismo, enfatizando sus rasgos "totalitarios", ha insistido en ver esta fuerza como una expresión fas­cista, aunque la confrontación rigurosa con los caracte­res del nazismo y el fascismo europeo ha llevado a la mayoría de los analistas a desechar tal filiación. En cier­tos enfoques de base marxista se lo califica, con alguna benevolencia, de nacionalismo burgués o partido "nacio­nal democrático", y más críticamente de "bonapartismo". En cambio, desde el propio peronismo y otras líneas ideo­lógicas más o menos próximas se lo ha considerado un movimiento nacional-popular de liberación nacional, "ter­cerista", e incluso de rasgos socialistas. Determinadas caracterizaciones giran alrededor del concepto populismo, que en unos casos adquiere determinada entidad teórica y para cierta óptica liberal es meramente sinóni­mo de "demagogia" o de agitación sin contenido. A este catálogo de definiciones hay que agregar las que afirman la condición sui generis del fenómeno, o sea su inclasificabilidad, y también una variante que distingue la exis­tencia de varios peronismos, con lo cual resultaría ser en realidad un conglomerado contradictorio −y por ende inestable− de diversas especies.

Cualquiera de tales aproximaciones, es decir todas ellas, se apoyan en aspectos ciertos de la realidad del peronismo, lo cual no debería sorprender ya que efecti­vamente éste muestra datos paradójicos: hay que admi­tir que una vertiente filofascista ha alimentado persis­tentemente algunas expresiones del movimiento, así como también reconoce influencias del marxismo y de varias corrientes socialistas; asimila en determinados aspectos una visión burguesa y hasta liberal, a la vez que aparece como expresión del movimiento obrero; se alinea con los nacionalismos revolucionarios del Tercer Mundo, pero sostiene un programa semejante al de los partidos reformistas de tipo europeo. No es extraño que esto parezca inclasificable. Tampoco es desatinada la visión del peronismo como un conjunto que aglutina más de una corriente política (Palermo, 1988), de cuya incoherencia cabría deducir la probabilidad de su escisión. Sin embargo, estamos considerando un movi­miento que se ha mantenido unido a pesar de sus inne­gables contradicciones, que no obstante sus diferentes "rostros" afirma una personalidad inconfundible, y que ha sobrevivido a las pruebas de la proscripción y varios intentos de fractura, así como a la desaparición del líder que durante largo tiempo constituyó su principal factor aglutinante. La conclusión obvia es que, no obstante la distinción de tendencias interiores, el peronismo tiene que ser explicado como un movimiento de síntesis, fenó­meno que tiene una lógica política y una razón de ser.

La perplejidad que suele suscitar el movimiento, su carácter "atípico" o "aberrante", surge de una óptica que toma como modelo normal o regular los patrones de la política europea occidental, es decir el parlamentarismo demoliberal. Sin embargo, al considerarlo en la perspec­tiva histórica argentina y latinoamericana, el fenómeno no resulta tan sorprendente. Encontramos por ejemplo movimientos que el propio peronismo reconoce como antecesores, el federalismo argentino del siglo XIX y el yrigoyenismo. En el primero, ciertos aportes del liberalis­mo revolucionario y del tradicionalismo católico consti­tuyeron un programa nacionalista con gran arraigo en las masas populares, dirigidas por caudillos militares que emergían de los grupos terratenientes criollos. El yrigoyenismo, un movimiento personalista que en sus orígenes rehusaba considerarse "partido", concitó asi­mismo la adhesión de las mayorías populares, así como el concurso de muy variadas corrientes ideológicas, desde el liberalismo clásico hasta el nacionalismo en sus vertientes federal y católica.

Si extendemos la vista por América Latina, el peronis­mo tampoco resulta tan excepcional. En los otros dos países mayores de la región encontramos análogos movi­mientos abarcadores de amplias mayorías sociales e ideo­lógicamente "contradictorios", como el partido de la Re­volución Mexicana, y el varguismo o el MDB en Brasil; en otros países se han conformado incluso fuerzas políticas del tipo del aprismo, el ibañismo o el MNR boliviano, que presentan "excentricidades" similares a las del peronismo. Lo que resulta excepcional en América Latina es el modelo europeo de partidos y el clásico espectro izquierda, dere­cha y centro. En cambio aparecen como una constante los movimientos nacionalistas con heterogéneos compo­nentes ideológicos y amplia base de masas.

La comparación de estos movimientos proporciona un marco de referencia indispensable para nuestra indaga­ción, y resulta además reveladora de la identidad básica que subyace en la diversidad de los fenómenos políticos latinoamericanos. Esta ubicación del tema nos permitirá avanzar posteriormente en la revisión de algunos enfo­ques teóricos que abarcan también aquellas otras experiencias "populistas" y, en la tercera parte del capítulo, efectuar una aproximación conceptual a los componen­tes ideológicos del proyecto peronista, considerando cuá­les son los actores sociales que lo han encarnado.

1. El populismo latinoamericano

Los elementos básicos del "populismo latinoamericano" suelen deducirse de una serie de coincidencias en el pro­ceso político y económico de la Argentina, Brasil y Méxi­co en el presente siglo. Sus casos resultan, por cierto, representativos de la realidad de América Latina, tenien­do en cuenta que en población y otros recursos suman aproximadamente las tres cuartas partes del continente, además de su tradicional influencia sobre los demás paí­ses. El análisis se enriquecería sin duda si incluyéramos otros movimientos y partidos como el radicalismo chile­no, el aprismo peruano, el MNR boliviano, la Acción De­mocrática venezolana, etc. (cuya comparación ha sido explorada principalmente por Di Tella, 1973; 1985), pero a los fines de nuestro trabajo será suficiente focali­zar los casos de los países "mayores".

Varguismo, cardenismo y peronismo

Brasil, México y Argentina presentan experiencias análo­gas de ruptura con la dominación de los grupos oligár­quicos tradicionales que se habían consolidado durante el ciclo agroexportador iniciado en el siglo pasado. Estre­chamente interrelacionados con el nuevo ciclo de indus­trialización sustitutiva, aparecen regímenes de gobierno que se apoyan en una amplia conjunción popular y una virtual alianza de diversos estratos sociales, utilizando el Estado para promover el desarrollo industrial, nacionali­zando áreas económicas estratégicas y realizando una política social redistributiva favorable para las clases trabajadoras. Otros aspectos centrales son la afirmación de la capacidad de decisión nacional y el intento de una política internacional independiente y latinoamericanista. También se da como un rasgo acentuado la organiza­ción sindical de los sectores populares vinculada a las formas de organización política. El poder aparece fuerte­mente personalizado en la figura de un líder que dispone de gran capacidad de maniobra, por encima de las buro­cracias partidarias. La base social no resulta ser un grupo o una clase, sino la alianza de intereses entre varios sectores: el movimiento populista no es clasista sino "interclasista". Su definición ideológica es un nacio­nalismo popular, que apela ante todo a valores y tradi­ciones de lucha del pueblo, enfatizando también la defensa de la soberanía y la necesidad de la unidad nacional. Hay en estos movimientos cierto protagonismo militar, sobre todo inicialmente, que de algún modo suple la inconsistencia del empresariado industrial −o sea la ausencia de una típica burguesía moderna− y también se manifiesta un estilo personalista y verticalista en el ejercicio del poder.

En Brasil, el ciclo populista se inició con la revolución cívico-militar de 1930, que llevó a Getulio Vargas a la presidencia encabezando un movimiento modernizante contra el predominio de la oligarquía paulista. Legitima­do como presidente constitucional en 1934, Vargas recu­rrió a un autogolpe en 1937 para implantar el Estado Novo, régimen de corte autoritario que luego procuró liberalizar creando dos partidos: el social democrático y el trabalhista, el "brazo" derecho y el izquierdo, que le permitieron mantener su influencia aun después de ser derrocado por un golpe en 1945, y luego retornar al poder en 1950. Tras el dramático suicidio de Vargas en 1954, el getulismo se bifurcó en el desarrollismo de Kubitschek y el laborismo de Goulart (Bambirra y Dos Santos, 1977: 136-146).

En México, aunque los antecedentes se remontan a la Revolución de 1910, la fase típicamente populista se manifiesta con el general Lázaro Cárdenas, electo presi­dente en 1934. Este se apoyó en las agitaciones obreras para renovar el impulso revolucionario, desplazando el control burocrático ejercido por el ex presidente Plutarco Elías Calles, que había "llegado a ser el representante del sector latifundista tradicional" (Labastida, 1985: 319). Cárdenas reestructuró el partido oficial y trató de encauzar en él el rol del ejército. En 1939 promovió para sucederle a otro general, Avila Camacho, en cuyo gobier­no desempeñó la secretaría de Guerra, pero el cardenismo fue perdiendo fuerza y quedó reducido a una tenden­cia menor dentro del partido (Pozas, 1985: 285-323).

En la Argentina, la experiencia comienza con el golpe militar de 1943 contra la vieja oligarquía agroganadera, y se convierte en un amplio movimiento popular incorpo­rando a la clase obrera sindicalizada junto a una vertien­te del yrigoyenismo, que representaba en cierta forma su inmediato antecedente populista. Elegido presidente por dos períodos, Perón fue depuesto por un golpe en 1955, pero el justicialismo resistió dieciocho años de proscrip­ción y volvió al poder en 1973. Perón desempeñó la pre­sidencia por tercera vez y luego de su muerte el gobierno fue derrocado; el movimiento subsistió reorganizándose como partido.

Las coincidencias objetivas de estas experiencias no se tradujeron en acuerdos entre los gobiernos: el cardenismo fue anterior al peronismo, y coincidió con un período de inclinación filo-fascista del varguismo; Perón y Vargas intentaron establecer una alianza, pero la influencia nor­teamericana en Brasil lo impidió (Hirst, 1985; Perón, 1984: 86-90). No obstante, los tres gobiernos mantuvie­ron posiciones análogas en la política exterior latinoame­ricana, haciendo visibles esfuerzos por preservar su inde­pendencia ante las presiones imperialistas de los Estados Unidos. La escasa comunicación y la inexistente cone­xión orgánica entre estos movimientos −incluso cierto desconocimiento mutuo de sus experiencias− refuerza la idea de que sus semejanzas se explican por la naturaleza común de la problemática que afrontaban, a pesar de las disparidades de sus respectivas tradiciones políticas y la secular incomunicación cultural entre los países.

La base industrial

En términos económicos, la condición de posibilidad de estos procesos era el crecimiento industrial apoyado en la ampliación del mercado interno, lo cual permitía una coincidencia de intereses de importantes sectores medios y empresarios con las clases trabajadoras. La crisis de los años '30 alentó la industrialización para sustituir manufacturas que no podían importarse, dada la falta de divisas, y las circunstancias de la segunda guerra mun­dial configuraron otro período estimulante en el mismo sentido. Los países latinoamericanos que habían alcan­zado un grado apreciable de diversificación de su estruc­tura productiva antes de 1930 se encontraban en condi­ciones favorables para emprender esa nueva fase de expansión. Esto requería además un conjunto de medi­das estatales para facilitar financiación, promover obras y servicios de infraestructura, y también para asegurar la formación de recursos humanos calificados (Sunkel y Paz, 1973: 344-366).

Los gobiernos populistas instrumentaron el Estado al servicio de la industrialización y el desarrollo socioeco­nómico, expandiendo el sector público, nacionalizando empresas extranjeras e interviniendo en la producción, aunque en todos los casos se dejó un ancho campo a las inversiones de capital local y externo, mediante distintas formas de articulación de la actividad estatal y privada (ver Cardoso y Faletto, 1973: 109-126).

En Brasil, Vargas instrumentó el confisco cambial que implicaba una subvención a la oligarquía cafetalera pero permitía al Estado controlar las divisas provenientes de la exportación para adquirir insumes y equipos indus­triales. Los sectores de interés estratégico fueron promo­vidos directamente por el Estado, alentando la formación de una burguesía industrial que se constituyó con cierta independencia de la clase terrateniente tradicional. En la década del '40 la cantidad de establecimientos industria­les y de personal ocupado casi se duplicó. En su último gobierno, Vargas concretó la nacionalización del petróleo y el monopolio estatal a través de Petrobras, así como un salto adelante en industrias básicas como la siderurgia.

Hasta el cardenismo, la Revolución Mexicana no había variado sustancialmente el control de las com­pañías extranjeras sobre sectores económicos clave. Du­rante el período 1935-1940 se nacionalizaron los ferro­carriles y el petróleo, y se promovió la industrialización: la inversión pública y privada se duplicó, y la industria pasó del 13,7% al 24,2% del ingreso nacional. Cárdenas tuvo que moderar sus planes socializantes para lograr el concurso de los empresarios, y en la última etapa de su gobierno se definió el modelo de desarrollo que aplica­rían sus sucesores, caracterizado por el control estatal pero con amplias facilidades para el capital privado, e incluso las inversiones extranjeras.

En la Argentina, el proceso de industrialización empe­zó en los años '30 con escasa intervención directa del Estado, como función de una burguesía industrial dependiente de la oligarquía agroimportadora tradicio­nal. El peronismo apareció bastante después −lo que constituyó su diferencia principal con el varguismo y el cardenismo−  realizando la tarea de consolidación del desarrollo iniciado, la extensión social de sus beneficios y la organización del apoyo crediticio y técnico, incluso a los grupos incipientes del pequeño empresariado. La nacionalización de los ferrocarriles, teléfonos, líneas aéreas y marítimas, así como el impulso a la siderurgia, la explotación petrolera y carbonífera, la industria auto­motor y otros sectores básicos y de infraestructura, constituyeron los aportes de la iniciativa estatal para desplegar la potencialidad del proceso, a lo cual hay que añadir la importancia de los nuevos servicios sociales,
previsionales y educativos. De 1943 a 1949 el salario real de los obreros industriales se incrementó en un 60%, y la población universitaria se triplicó largamente, pasando de 63.319 a 201.437 estudiantes. Entre 1946 y 1949 la participación de los trabajadores en la renta nacional aumentó del 40,1 al 49% (Rock, 1975: 187;Chávez, 1975).

Estas realizaciones, que a los críticos de izquierda pa­recen modestas, constituyeron sin embargo una trans­formación cualitativa en estos países, cuyas proyeccio­nes se extienden hasta hoy: definieron un camino irre­versible hacia la industrialización y la modernización de la estructura social, aunque muchas de sus conquistas o sus logros políticos fueron derogados, desvirtuados o revertidos posteriormente. Es cierto que después de la crisis del '30 y hasta comienzos de los años '50 existie­ron condiciones básicas favorables en materia de térmi­nos de intercambio con los países centrales, que hicieron menos gravosa la reasignación de recursos para finan­ciar o apoyar el desarrollo industrial. La posterior caída de los precios relativos de las exportaciones tradicionales latinoamericanas agudizó la puja distributiva y exacerbó la oposición de los grupos agroexportadores. Pero, ade­más, se manifestaron los límites del proceso de indus­trialización sustitutiva: el sector industrial dependía de tecnologías y bienes de capital importados y no exporta­ba, produciendo sólo para el mercado interno protegido, por lo que los ingresos externos de la economía los apor­taba la exportación tradicional: la industria ya no permi­tía ahorrar divisas, sino que las reclamaba creciente­mente para importar componentes, insumes y equipos. El conjunto de estas dificultades perturbaba la produc­ción y se traducía en problemas de desequilibrio en las cuentas externas (Sunkel y Paz, 1973; 366-380; Diamand, 1973: 56-61; Díaz Alejandro, 1965).

Desplazados los movimientos populistas del poder, una segunda fase de industrialización sustitutiva tendría como protagonistas decisivos las empresas transnacio­nales, que ingresaron o se expandieron en los mercados protegidos, desarrollando nuevas ramas productivas y provocando una compleja reestructuración. Esta etapa, que se correspondía con un ciclo expansivo internacio­nal de los capitales norteamericanos, se proyectó en Mé­xico a partir de las reformas introducidas bajo las pre­sidencias de Miguel Alemán y Ruiz Cortines, y en Brasil y Argentina luego de la casi simultánea caída de Vargas y Perón a mediados de los '50. Los movimientos popula­res de las décadas siguientes enfrentaron la desnaciona­lización económica y sus efectos sociales regresivos.

A este rumbo del proceso latinoamericano de indus­trialización, que resultaría cada vez más una vía de profundización de la dependencia, se oponían las propues­tas de integración que Perón había formulado desde el comienzo de su gobierno, postulando "la constitución inmediata de una unión aduanera sudamericana, a fín de que formemos un bloque económico" (cit. por Luna, 1986: t. III, 10). La idea del ABC, el triángulo Argentina-Brasil-Chile como plan llave para la integración conti­nental, inspiró recurrentes iniciativas de Perón: el pri­mer tratado bilateral con Chile de 1946 no fue ratificado, pero en 1953 se pactó una unión económica argentino-chilena con el gobierno de Ibáñez. Aunque no fue posible concretar la adhesión de Brasil, se suscribieron tratados análogos con Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia y Venezuela, en la perspectiva de una comunidad regional que echara "las bases para los futuros Estados Unidos de Latinoamérica" (Perón, 1984; 79-92, 105, 172).

Las limitaciones del mercado interno, las cíclicas difi­cultades para una expansión exportadora sostenida, la necesidad de insumos críticos e incluso el insuficiente desarrollo de industrias básicas tenían solución inme­diata dentro del proyecto de integración continental, del que iniciativas posteriores como la ALALC fueron un suce­dáneo inconducente. Como lo demostró un estudio del SELA (1982: 38), el total de las exportaciones y una eleva­da proporción de las importaciones argentinas en el mo­mento del bloqueo de los países de la OTAN por el conflic­to de las Malvinas podían ser respectivamente vendidas y compradas a los demás países de América Latina. Los obstáculos con que han tropezado estas propuestas indi­can que existen fuertes intereses contrarios a un proyec­to de esa magnitud, que alteraría las reglas de juego del capitalismo transnacional y la tutela política norteameri­cana sobre la región.

Los movimientos

Lo que caracteriza a estos regímenes y los distingue de otras experiencias de gobierno es su actuación sobre el sistema político y económico cambiando la relación de fuerzas, desplazando a ciertos grupos locales y extranje­ros del poder económico e incorporando los sectores populares como base del poder político. Las clases traba­jadoras cumplen un rol central proporcionando al régi­men una mayoría electoral, una base social susceptible de organización y movilización, y además un factor de consolidación del mercado interno −que es el sustento económico del modelo industrialista−, pues se convier­ten en importantes consumidoras de bienes y servicios.

Un rasgo característico de los movimientos que sostie­nen estas experiencias es su fundación u organización desde el Estado. No se trata de partidos surgidos en el llano o en la oposición −caso de otros populismos como el APRA− sino de estructuras creadas "desde arriba", modeladas desde el poder por decisión del jefe del gobierno. Otro aspecto muy interesante es la composi­ción social que reflejan las alas o sectores integrantes de la organización partidaria, que adquiere cierto perfil de coalición.

Vargas, que provenía de la Alianza Liberal de los años '20 y luego estuvo cerca del integralismo profascista, fundó al fin en 1945 sus dos partidos propios: el Trabalhista, de base obrera y popular urbana, y el Social Democrático, de corte moderado o burgués y con más arraigo en el interior rural. Vargas fue candidato a presi­dente por ambos partidos, y después de su muerte éstos integraron una fórmula mixta con sus respectivos líde­res: Juscelino Kubitschek-Joao Goulart.

Cárdenas dio una dura batalla, siendo ya presidente, para tomar el control del Partido Nacional Revoluciona­rio, y cuando consiguió expulsar a Calles lo recreó en 1938 con el nombre de Partido de la Revolución Mexica­na, sustituyendo su estructura regional basada en el caudillismo por una organización representativa de cuatro sectores: campesinos, obreros, militares y clases medias. Su sucesor, Avila Camacho, suprimió el sector militar en 1940, y en 1946 disolvió el PRM para crear el Partido Revolucionario Institucional, instrumentando la concentración del poder presidencial y un desplazamiento de la izquierda cardenista.           

Perón forzó la integración en una fuerza única de los dos partidos que le habían permitido triunfar en las elecciones de 1946: el laborista de base obrera, cuyos fundadores fueron marginados, y la UCR renovadora, de clase media. Paralelamente, Eva Perón organizó a las mujeres como Partido Peronista Femenino, y el “Movimiento peronista" incluyó además la CGT. El justicialismo mantuvo siempre esta distinción de ramas.          

Otra característica significativa de estos movimientos es la organización corporativa de los sectores populares −por cierto muy diferente al corporativismo de inspiración fascista, ya que se mantiene la individualidad de clase− y el encuadramiento político-partidario de esas organizaciones. Distinguiéndolos de los ensayos corporativistas excluyentes típicos de ciertos regímenes antipopulares, G. Pasquino (1981) califica esa modalidad como incluyente, ya que sus objetivos son centralmente movilizadores, con el efecto de controlar o disuadir los desafíos sociales, pero reforzando y no reemplazando la participación política clásica.    

El varguismo sancionó una legislación laboral y de previsión social, impulsó el desarrollo de un nuevo sindicalismo −sujeto al reconocimento oficial− en todo el país, y mantuvo independencia frente a las entidades patronales de la industria, que actuaron como grupos de presión (Martins Rodrigues, 1977). El cardenismo se apoyó en un importante sector sindical de izquierda, y promovió la unificación de diversas organizaciones de masas a través de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina; por otro lado, se creó una Confederación Nacional de Cámaras de Comercio e Industria. Desde su origen, el peronismo tuvo base en los sindicatos obreros que fueron su principal respaldo social y político; obtuvo el apoyo de la Federación Agraria Argentina, representante de pequeños propietarios y arrendatarios rurales, y trató de organizar el empresariado dentro de la Confederación General Económica (CGE); lo mismo se intentó con los estudiantes y profesionales en la CGU y la CGP, aunque en los sectores medios predominaron las entidades opositoras.

La presencia o la influencia militar en estos movimien­tos no es solamente accidental. Vargas fue un líder civil, pero desde el comienzo los tenentes constituyeron un factor de importante gravitación en su gobierno. Cárde­nas y Perón no sólo salían de las filas del ejército, sino que contaron con los cuadros y las instituciones militares −o algunos sectores de ellas− como respaldo decisivo en determinadas coyunturas. En los ejércitos de aquella época aparecen nítidamente ciertos grupos que, a partir de una conciencia nacionalista, proponen la industrialización y coinciden con el proyecto populista

En cuanto al discurso ideológico, cada uno de estos movimientos tiene sus particularidades. Alrededor de un eje nacionalista de tono social, el varguismo acentuó, en fases sucesivas, expresiones corporativas, democráticas y socializantes. El cardenismo se inscribe en la tradición democrática y laicista de la Revolución Mexicana, profundizando afirmaciones socialistas y antifascistas. Perón define su doctrina justicialista como tercera posición entre capitalismo y comunismo, entre liberalismo y marxismo, proponiendo un nacionalismo democrático, social y cristiano. En el varguismo y el peronismo se advierten ciertas influencias del modelo fascista italiano; ello fue más evidente en Vargas, hasta que en 1941 cambió tomando partido por los aliados. Aunque la doctrina justicialista asumió los contenidos del cristianismo, el peronismo −como el cardenismo−  tuvo un grave conflicto con la Iglesia católica motivado por divergencias doctrinarias y colisión de intereses políticos. Hay una notable semejanza, por otra parte, en el combate ideológico y político que libran estos movimientos contra la oposición conservadora o de derecha, que los acusa de “totalitarismo" por vulnerar los derechos y libertades in­dividuales. Las relaciones con la oposición de izquierda son más complejas: el varguismo tuvo fases de acerca­miento y enfrentamiento con el Partido Comunista Brasileño; el cardenismo contó en general con apoyo comunis­ta; el peronismo se enfrentó duramente con comunistas y socialistas, aunque asimiló algunas fracciones de izquier­da y tuvo con otras algunos períodos de entendimiento.

La descendencia

El momento de prueba para estos movimientos articula­dos desde el gobierno comienza cuando son desplazados del poder y se opera una fuerte reacción contra las estructuras que han edificado. Sobreviene entonces una radicalización de sus planteos, que encuentran mayor o menor eco popular según la evolución del proceso políti­co. De diversas maneras los regímenes posteriores conti­núan algunas orientaciones irreversibles, y se hace evi­dente la inviabilidad de la propuesta de las viejas oligar­quías, pero en todos los casos hay una retrogradación de las conquistas sociales y un recorte a la influencia de las organizaciones obreras.

El varguismo se prolongó en el trabalhismo liderado por el ex ministro de Trabajo de Vargas, Joao Goulart, quien en 1962 accedió a la presidencia profundizando el programa populista. La reforma agraria trató de ampliar el movimiento hacia el sector campesino, donde práctica­mente no había llegado la política de Vargas, pero éste fue también uno de los factores que motivaron su derro­camiento. El régimen posterior al golpe militar de 1964 persiguió e inhabilitó a sus dirigentes. Al morir Goulart, el liderazgo fue asumido por Leonel Brizola, quien definió una línea socialdemócrata manteniendo el tradicional perfil nacional-populista. También en el MDB se nuclearon muchos dirigentes del varguismo, entre ellos el malogrado presidente electo Tancredo Neves, que había sido primer ministro de Goulart. Pero las nuevas organizaciones sindicales se apartaron del trabalhismo constituyendo, con el apoyo de grupos progresistas cató­licos, el movimiento de la CUT y el Partido de los Trabaja­dores.

El cardenismo siguió siendo la llamada "izquierda ofi­cial" dentro del PRM, debilitándose en la época del PRI. Logró influir desde sus bases sindicales, pero se fue diluyendo políticamente. Cárdenas fue más adelante el impulsor del Movimiento de Liberación Nacional, un efí­mero agrupamiento de tendencias solidarias con la Revo­lución Cubana. Puede decirse que el cardenismo conti­nuó inspirando a la izquierda nacionalista y democráti­ca, dentro y fuera del partido oficial. Posteriormente resurge con el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas hijo del ex presidente, ex gobernador de Michoacán, que se separó del PRI en 1987 y fue candidato del Frente Demo­crático Nacional en las elecciones de 1988, provocando una escisión importante en el oficialismo.

El peronismo sobrevivió a casi dos décadas de pros­cripción, persecuciones e intentos de asimilación, reple­gándose en la clandestinidad y en los sindicatos y siguiendo las directivas del líder exiliado. Recuperó la casi totalidad del sindicalismo, amplió su organización e influencia en la juventud y las clases medias; Perón radi­calizó sus consignas, apoyó la acción de los grupos armados, pactó con los demás partidos para aislar a la dictadura militar, y volvió al poder reuniendo una enor­me mayoría electoral. Pero las contradicciones entre la izquierda y la derecha peronista tornaron inmanejable el movimiento a la hora de ejercer el gobierno. La muerte de Perón exacerbó las confrontaciones y dejó un persis­tente vacío de autoridad, que sólo ha podido comenzar a subsanarse a partir de 1985, cuando los renovadores consiguieron legitimar una dirigencia a través de la democracia interna; en esta nueva etapa el clásico nacio­nalismo popular derivó en un reformismo moderado, y el gobierno de Menem impulsó en 1989 un programa eco­nómico liberal manteniendo ciertos aspectos del estilo populista tradicional.

De los tres movimientos, el peronismo es el que más nítidamente ha mantenido la continuidad orgánica, a pesar de las transformaciones que se fueron operando en su seno. Ya hemos señalado cómo el cardenismo se prolongó en lo que muy genéricamente podría llamarse la izquierda de la Revolución Mexicana, y luego con Cuauhtémoc Cárdenas ha fundado una nueva coalición política. Aunque el trabalhismo democrático (el PDT) de Leonel Brizola suele ser considerado heredero directo de Vargas, muchos de los dirigentes, grupos y experiencias políticas nucleados en el PMDB pueden considerarse igualmente descendientes del varguismo, y ni unos ni otros mantienen una identificación demasiado acentua­da con sus fuentes. De todos modos, la articulación de una opción de poder requiere una alianza de estos secto­res con el pujante PT, que expresa las bases obreras y populares en las zonas más dinámicas del país.

La comparación de los tres populismos nos ayuda a comprender mejor cada uno de ellos, situándolos en el espectro político latinoamericano como emergencia ca­racterística de un momento histórico. Los economistas han realizado estudios comparativos de la fase de despe­gue de la industrialización sustitutiva que aportan una visión esclarecedora sobre las condiciones de analogía que presentan estos países. Sin embargo, los cientistas políticos no han profundizado en la misma medida el análisis de los paralelismos, afinidades y también diver­gencias entre los respectivos movimientos nacional po­pulares. Estos movilizaron profundamente y produjeron un avance sustancial en la politización de las clases subalternas, y su carácter revolucionario consiste en que hicieron imposible el retorno al antiguo sistema oli­gárquico. Recibieron aportes disímiles del marxismo, el fascismo, el liberalismo y el cristianismo, pero sus ras­gos ideológicos básicos expresan un nacionalismo popu­lar típicamente latinoamericano, que enraíza con las tra­diciones de la lucha de nuestros pueblos por su emanci­pación. Seguramente esa continuidad de una profunda corriente histórica nacional popular es más importante que la influencia de los modelos europeos para filiar estos movimientos.

El interrogante es si las fuerzas que surgieron hace medio siglo respondiendo a los efectos y las oportunida­des que implicó en América Latina la crisis del '30 y la guerra mundial pueden dar respuesta a los desafíos actuales, vinculados con otra crisis mundial muy dife­rente. El panorama de fines de los años '80 muestra un renovado ascenso e indica la posibilidad de retorno al poder, en los tres países mayores del continente, de los descendientes del varguismo, el cardenismo y el peronis­mo. Esto pareciera tener razones más profundas que la simple casualidad. Pero las exigencias del presente cua­dro socioeconómico, en el que de algún modo están sien­do puestos a prueba, imponen una actualización de su programa, y también una transformación de estas fuer­zas (en el sentido literal, cambiar de formas) para seguir siendo fieles a sus motivaciones originarias. ¿Cuáles son las nuevas formas, la nueva síntesis que adoptan los partidos "sucesores"?

Entre los factores de diferenciación de las experien­cias inciden las disparidades de desarrollo y las características del bloque de intereses dominante en los respec­tivos países, así como la conformación de las capas populares mayoritarias. Es evidente por ejemplo que el progresivo estancamiento argentino tiene consecuencias distintas que el accidentado crecimiento brasileño, don­de la clase obrera continúa expandiéndose y asimilando migrantes campesinos; o que la estabilidad del sistema mexicano no es comparable con la irregular evolución política de los otros países. Sin embargo, en los tres ca­sos se configura en los últimos años un régimen demo­crático pluralista que es valorado como una conquista popular, e inciden procesos análogos de concentración del poder, crisis financiera y reestructuración industrial, marginalización laboral, regresión del sistema de segu­ridad social, inflación, etc., que reclaman análogas res­puestas políticas de los sectores populares.

La nueva corriente cardenista rompió con el tronco histórico del PRI, ante la progresiva inclinación de éste hacia el proyecto neoliberal "modernizador". El trabalhismo democrático de Brizola se escindió de las variantes "de derecha" del varguismo, pero su espacio social fue ocupado en parte por la expansión del PT, liderado por el sindicalista Luiz da Silva (Lula); esta expresión —más radicalizada y combativa— de un laborismo basado en los sindicatos como el de la anterior etapa populista, sería en tal sentido una descendencia de otro tipo. El justicialismo se reestructuró mediante la lucha democrá­tica interna evitando rupturas como las que sufrieron los demás movimientos; sin embargo, está sometido a fuer­tes tensiones y contradicciones que pueden tornarse crí­ticas ante el vuelco liberal del gobierno de Menem.

La evolución de estas fuerzas "sucesoras" y su papel en la escena política actual está aún procesándose, sin que una efectiva comunicación entre ellas les permita reconocer sus coincidencias y debatir los problemas que afrontan. Es evidente que, a partir de la matriz populista original, atravesaron períodos de radicalización pero fue­ron insertándose luego como partidos en un sistema político pluralista, descartando las vías revolucionarias. Uno de los dilemas centrales que se les presenta hoy es la actualización de sus programas, basados en el modelo de Estado dirigista, para impulsar una salida de la crisis congruente con las expectativas de sus bases sociales.

2. LA LUCHA POR EL SIGNIFICADO

Fascismo, populismo, corporativismo, revolución, mo­dernización: el lenguaje político, su vocabulario de luga­res comunes y categorías, sirve para revelar y ocultar, para aclarar o confundir la visión de los fenómenos sociales. Según palabras de un poeta amigo, el pulido discurso de los funcionarios del desarrollo se especializó en rebautizar los efectos para ocultar las causas. El léxi­co de las ciencias sociales, que llega al público amplifica­do por los medios de comunicación, está cargado de intencionalidad ideológica. Es ineludible entonces el cuestionamiento de los instrumentos conceptuales. Cierta regla del razonamiento lógico exige que, antes de iniciar una discusión, las partes se pongan de acuerdo sobre el significado de los términos a emplear; aunque como dijo Canal Feijóo, "una vez de acuerdo sobre el significado de las palabras, ¿para qué seguir hablando, de qué ya?".

Un precedente memorable de batalla semántica, prota­gonizado por Alberdi un siglo atrás, impugnaba el signifi­cado de los términos civilización y barbarie utilizados por Sarmiento: nada más absurdo, decía, que llamar bár­baros a los campesinos argentinos de origen, religión y lenguaje greco-latinos. "Hay una barbarie letrada mil veces más desastrosa", la de los "civilizadores" que arra­saron las campañas con guerras dos veces más largas, sangrientas y onerosas que las de los caudillos federales, hipotecando las rentas y el futuro del país (Alberdi, 1895-1901: X, 241; XI, 615).

Aquella cuestión se prolonga en nuestros días con la dicotomía engañosa que encierran las nociones de desa­rrollo y subdesarrollo, de la cual se deduce la ideología de la modernización. Frente al uso impuesto de estos térmi­nos, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel y otros economistas latinoamericanos reformularon la idea de subdesarrollo, explicándolo como un fenómeno sincrónico resultante del desarrollo de los países centrales. Hace medio siglo, Haya de la Torre invirtió la fórmula de Lenin para afir­mar que en América Latina el imperialismo no era la úl­tima sino la primera fase del capitalismo; hoy, entre los regulacionistas franceses se constata casi con los mis­mos términos que también en la economía central "el capitalismo nació del imperialismo” (Lipietz, 1987: 72-75). Desde diversos ángulos, el revisionismo histórico argentino, el indigenismo de Mariátegui y Haya de la Torre, la antropología americana que esbozaron Rodolfo Kusch o Darcy Ribeiro, fundamentan el replanteo de nuestra historia recusando el paradigma eurocéntrico. Es un camino difícil, contra la corriente de la rutina aca­démica y las modas intelectuales.

Pero no hay otra forma de evadirnos de la red neocolonial que dejar de "ser pensados" desde el centro y pen­sar por nosotros mismos. Seria tan torpe cerrar los ojos a las teorías que provienen del mundo desarrollado como aceptar sus modelos sin cuestionarlos. No es posible asi­milar la riqueza del pensamiento occidental sin operar una revisión crítica de sus contenidos, lo cual supone para el intelectual del mundo periférico una doble res­ponsabilidad: pensar y revisar las categorías con que piensa. Este tamiz conceptual exigirá a menudo subver­tir, invertir o inventar sus proposiciones, evitando a cada paso caer en las trampas de una lógica descentrada de su objeto. Esa es nuestra propia lucha por el significado. En la Argentina, uno de los terrenos de batalla tal vez el más escabroso, el más arduamente disputado es precisamente, y no casualmente, la caracterización del movimiento peronista.

En las páginas que siguen emprendemos una pesqui­sa de las distintas posiciones adoptadas por los actores del debate ideológico, desde la artillería de grueso calibre respecto del "fascismo peronista" o las ideas sobre su contenido revolucionario, hasta las más sutiles elabora­ciones de la teoría del populismo. No es un catálogo exhaustivo, sino un sumario recorrido en torno de algu­nas tesis a través de las cuales es posible ir aclarando las líneas de sentido del fenómeno peronista.

Un fascismo retardado o imaginario

La identificación del peronismo con el fascismo se remonta a la época de la Unión Democrática, que reunió en su contra a todos los partidos tradicionales, y al em­bajador norteamericano Braden, cuando el jefe comunis­ta Victorio Codovilla acuñó la célebre consigna de "batir al naziperonismo". Esta idea, que parecía haber sido suficientemente refutada y descartada, al menos en el debate público local, reapareció sin embargo en algunos ensayos de los últimos tiempos.

En un conocido estudio colectivo sobre La naturaleza del peronismo (1967: 157), el profesor Carlos Fayt, noto­rio antiperonista, detecta numerosas y ominosas seme­janzas con el fascismo, aunque con la precaución de reconocerles entidad de "analogías formales o externas". De las numerosísimas opiniones citadas o recogidas en ese trabajo, sólo un antiguo texto del conservador Reynaldo Pastor llega a calificar al peronismo de "versión vernácula" del nazifascismo (Pastor, 1959; 187 y ss.); Seymour Lipset capta que sus bases obreras y su conte­nido anticapitalista no configuran un fascismo, sino en todo caso un "fascismo de izquierda" (Lipset, 1963: 152 y ss.); por su parte, Halperín Donghi expone la tesis del fascismo posible, es decir, que Perón habría establecido la máxima dosis de fascismo que el país era capaz de soportar (Fayt, 1967: 198).

La interpretación del peronismo en clave fascista omite las insalvables diferencias históricas entre los paí­ses del Viejo Mundo donde existieron regímenes de tipo fascista y la realidad de un país como el nuestro, homo­loga el nacionalismo expansionista europeo con el nacio­nalismo defensivo latinoamericano, asimila la estructura movimientista del peronismo con el partido único y el corporativismo, e ignora tanto la diversa composición so­cial como los grupos de intereses dominantes en uno y otro caso. Es un ejercicio típico de transposición impro­pia de las categorizaciones europeas, que oscurecen en vez de aclarar el objeto.

La cuestión aparece una vez más debatida en una reciente compilación de José Enrique Miguens y F. C. Turner (1988: 20-42), donde el primero recuerda y criti­ca con copioso apoyo documental el origen de estos equí­vocos. Cristian Buchrucker (1987: 392-399), aunque califica al peronismo como populismo autoritario, refuta las comparaciones con el fascismo formuladas por auto­res como Peter Waldmann, P. M. Mayes, R. J. Alexander, Thamer y Wippermann. Si bien el extremismo de dere­cha proliferó durante el "intento de fascistización" que sufrió el peronismo y el país en 1974-75, según lo califica en otro texto Buchrucker (1988: 77), hay que recor­dar, como hace el mismo autor, que fue contrarrestado desde el interior del propio movimiento. Este tema, sobre el que volveremos más adelante, merece una reflexión más detenida. Aunque aquella etapa de descomposición del gobierno sobrevino después de la muerte de Perón, ello no exime totalmente su responsabilidad por el encumbramiento de los aventureros irresponsables que ejercieron el poder. Hubo, en cualquier caso, una deriva­ción "fascistizante" del peronismo, que arriesgaba con­vertirlo en instrumento de los intereses del establishment, negando su proyecto histórico y su programa de 1973. Pero lo más parecido al nazismo que vivió la Argentina vino después, y para ello fue necesario desalo­jar al peronismo mediante el golpe de Estado.

De todos modos, en la época del Proceso tuvieron alguna difusión las tesis acerca de una supuesta conti­nuidad entre el populismo peronista y el autoritarismo militar, llevando al extremo algunas observaciones de Guillermo O'Donnell (1982) y Alain Rouquié (1984) en sus estudios sobre la hipertrofia militarista en la Argen­tina. Entre otras contribuciones a la confusión general, el marxista español Sergio Villar (1978) juzgaba desde París al peronismo como "un fascismo de efectos retar­dados": caracterizando una progresiva autonomía de los militares como fracción de las clases dominantes en paí­ses como la Argentina y Brasil, abusaba en realidad de la conocida metáfora del partido militar y atribuía las culpas originarias del fenómeno al peronismo y el varguismo. Con mayor información y rigor, algunos trabajos de Marcelo Carmagnani y otros politólogos italianos (1981) exploraron las similitudes aparentes y las profun­das divergencias que impedían confundir el Estado po­pulista latinoamericano con el Estado autoritario de aquellas dictaduras.

En escritos anteriores, Juan José Sebreli (Fayt, 1967: 198-200) reconocía al peronismo haber revolucionado el viejo orden caduco propugnando uno nuevo, practicando una propedéutica del poder popular. Autocrítico de sus veleidades juveniles, en un libro posterior cree descubrir las tendencias imaginarias del peronismo y su carácter "reaccionario", dado que "aspiró siempre a ser un fascis­mo y realizó la mayor cantidad de fascismo que le permi­tieron la sociedad argentina y la época en que le tocó actuar" (Sebreli, 1983: 24). El sesgado racconto históri­co que hace el autor a partir de ese juicio de intenciones pretende apuntalar la tesis que podría llamarse del fas­cismo interruptus, ya que éste, "como todo en el peronis­mo, quedó a mitad de camino".

Algo parecido sugiere Pablo Giussani (1984: 200) en su agudo ensayo sobre los montoneros, donde habla de un "fascismo básico" de Perón, cuya inserción histórica "habría de desgajarlo de su molde originario"; el fascismo resulta ser entonces una permanente intencionalidad del líder, que producía efectos contrarios a los deseados: en vez de conquistar el establishment se enfrentó a él, en vez de la conciliación de clases detonó una guerra de cla­ses, etc. (¿otra vez la paradoja del fascismo de izquier­da?), todo lo cual se hilvana en una argumentación diri­gida a conjeturar que Perón instrumentó su propia ame­naza guerrillera para espantar a la burguesía y conse­guir que aceptara la solución fascista.

En ese tipo de razonamientos, el fascismo peronista no va mucho más allá de un juicio impresionista sobre los designios de Perón, asunto por cierto discutible que no carece de interés, pero resulta por lo menos insufi­ciente para caracterizar el movimiento histórico real que él fundó y lo sobrevive. El modelo fascista, que interesó a muchos políticos latinoamericanos habitualmente no im­putables de tentaciones totalitarias, desde Jorge E. Gaitán hasta Lisandro de la Torre, aportaba algunos ele­mentos importantes para la remodelación del Estado en el sentido de una estrategia de desarrollo y autonomía nacional, a pesar de su contenido autoritario y reaccio­nario. Su influencia es un dato a tener en cuenta, aun­que no explica ni sirve seriamente para categorizar el peronismo.

El movimiento nacional

El enfoque del peronismo como nacionalismo burgués se relaciona con el análisis marxista de la etapa "democrático-burguesa", realizadora de cambios análogos a los que significó la revolución de 1789 en Francia. La per­cepción leninista del problema nacional en los países dependientes, enfatizada por Trotsky, señala el carácter progresivo de la lucha de los pueblos oprimidos por la independencia y la unidad, valorizando los movimientos nacional-democráticos como precedentes o como poten­ciales aliados de la causa del proletariado. Tal es el fun­damento teórico de la corriente de la izquierda nacional que integraron intelectuales provenientes de diversas tradiciones marxistas.

Recogiendo una tradición significativa aunque muy minoritaria en el pensamiento socialista, que expresó principalmente Manuel Ugarte, los ensayos de Jorge Abelardo Ramos (1949; 1973) desarrollan la tesis de la revolución nacional inconclusa. Iniciada en 1810 a esca­la continental, encarnada por las figuras de Bolívar y San Martín, la revolución no llega a consumarse por la regresión oligárquica y la influencia del imperialismo británico que balcanizó América Latina. El proyecto revi­ve en Argentina con las luchas federales de los caudillos del interior, en la figura de Roca, en el yrigoyenismo y en el peronismo. La causa de la nación latinoamericana reconoce asimismo las contribuciones del aprismo y Mariátegui, el MNR y otros movimientos nacionalistas populares. En esta concepción resulta clave el papel revolucionario del ejército, y de allí el énfasis que pone Ramos en reivindicar el protagonismo militar en las luchas nacionales, asunto sobre el cual también se des­tacan los aportes de interpretación histórica de Eduardo Astesano (1949). Una idea que recorre el análisis de Ramos sobre la revolución y la contrarrevolución en la Argentina es la existencia de dos ejércitos, en rigor dos formas de instrumentarlo, al servicio de la causa nacio­nal o contra ella.

El peronismo representa para Ramos un frente nacio­nal, en el que destaca el aporte sustancial del movimien­to obrero y la actitud vacilante de la burguesía nacional, la cual a pesar de enriquecerse con Perón termina por abandonar el frente. Ramos fue el precursor de la defini­ción del peronismo como régimen "bonapartista" apli­cando un concepto de Marx y Engels que Trotsky reactualizó en relación con los países coloniales (Hernández Arregui, en Methol Ferré, s/d: 76-77). Tal régimen repre­senta objetivamente los intereses materiales de la bur­guesía, aunque sin darle participación en el poder políti­co, lo cual le permite hacer concesiones a otras clases; en los momentos de crisis, las vacilaciones entre la revo­lución y el orden conservador se resuelven a favor de este último. Ramos afirma que "las revoluciones burgue­sas clásicas no fueron dirigidas ni inspiradas por la bur­guesía, sino por otras clases que se subrogaron a aquélla en la fundación del Estado nacional o en la conducción del proceso revolucionario". El papel del jacobinismo pequeño burgués en Francia, la nobleza militar campesi­na en Alemania, etc., ejemplifican este desplazamiento del protagonismo revolucionario, quizás con la única excepción de la revolución inglesa del siglo XVII. Las bur­guesías "semicoloniales", ligadas desde su origen al ca­pital extranjero, a sus mitos e ideas, y reverentes de su poder, tienen no obstante intereses encontrados con el imperialismo, que se expresan a través de los movimien­tos nacionales. Estos tienen el contenido nacional bur­gués que corresponde a la época y la situación social, pero están compuestos por distintas clases sociales, entre ellas el proletariado, lo cual frecuentemente aterra a los burgueses. "Baste recordar la actitud de los indus­triales frente a Perón y recíprocamente para medir las relaciones entre la burguesía nacional y el movimiento nacional" (Ramos, 1964: 114-116).

Enrique Rivera (1958: 10, 37) sostenía también que el peronismo representó "un bonapartismo apoyado primordialmente en el ejército", para lo cual instrumentó una burocracia civil y militar, pero fracasó en el intento de constituirse como eje de la revolución nacional. Aun­que aquel régimen bonapartista se elevaba por encima de las clases, "reflejaba primordialmente los intereses de la burguesía industrial argentina”. Desde el aparato del Estado intentó crear una economía de base industrial, maniobrando entre las clases y las divergencias interim­perialistas, pero finalmente los sectores burgueses que lo acompañaban lo abandonaron, y el mismo "aparato totalitario" que Perón había creado lo redujo a la impo­tencia.

El frondizismo, bajo la inspiración de Rogelio Frigerio pretendiendo continuar la experiencia "frentista" con su proyecto de desarrollo industrial basado en la incorporación masiva de capitales extranjeros elaboró una concepción análoga del movimiento nacional. Cuando esta política aparecía aún como expresión de la lucha antiimperialista contra la tradicional subordinación a los capitales británicos, las figuras más brillantes del forjismo de los años '30, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche, alentaron en sus escritos periodísticos la esperanza de reeditar una experiencia análoga a la del peronismo; Scalabrini murió antes de la desilusión, pero Jauretche le sobrevivió para fustigar la defraudación frigerista. Aunque contó con la adhesión de un sector del empresariado industrial, el gobierno de Frondizi de 1958-1962 no logró articular el concurso del movimiento obrero para esa política, ni tampoco por motivos dis­tintos el apoyo del ejército; por el contrario, éstos se convirtieron en los principales factores de su fracaso.

Después el frondizismo involucionó, hasta reducirse prácticamente a un partido de cuadros dispuestos a guiar a los militares como vanguardia de una política desarrollista. Dicho esto, hay que reconocer que en los sectores populares persistía la esperanza de la reapari­ción de un ejército nacionalista como el que había encarnado Perón. La teoría de los dos ejércitos elabora­da en los años '60 por la izquierda nacional tenía noto­rios puntos de contacto con la visión del peronismo y el desarrollismo, y puede ser considerada como una racionalización de las expectativas sobre el papel militar en un proyecto revolucionario. Ello fue poco escrupulosa­mente aprovechado por los ejecutores de la "Revolución Argentina" de Onganía; sin embargo, la sugestiva etapa de Levingston con Aldo Ferrer de ministro de Economía, apoyado por Oscar Alende, indica que la posibilidad de un nacionalismo industrialista sustentado en el poder militar no estaba totalmente clausurada.

Hernández Arregui (1973 a: 397; 1973 b: 324-326; 348-350), compartiendo las tesis centrales de la izquier­da nacional, entendió que el régimen de Perón había sido "una democracia autoritaria de masas"; el peronis­mo, "con todos los defectos y contradicciones que se quieran”, era el partido nacional de la clase obrera, y a él debían sumarse los intelectuales y el estudiantado para luchar junto a las masas: "ningún partido ha superado en la acción el contenido revolucionario del peronismo". Ahora bien, "no se ha dado un solo caso en la historia de una revolución antiimperialista consumada únicamente por la clase obrera". La clase media, y el ejército oriundo en definitiva de la misma, tenían un lugar importante en esa causa. A pesar de su divorcio de las masas trabajadoras y sus ligazones con el imperialismo, existía una raíz nacional del ejército, al que le cabía la responsabilidad de la liberación y consolidación de la nación iberoamericana.

La izquierda nacional tuvo el gran acierto de ubicar al peronismo en el contexto de una gran corriente histórica latinoamericana y plantear las cuestiones de su conteni­do de clase. Pero tendió a absolutizar el papel del ejérci­to, menospreciando la importancia de la lucha democrá­tica para acceder al poder, que fue sin embargo una constante en las experiencias populares de este siglo y en el propio peronismo. Por otra parte, la aplicación de la teleología marxista acerca del rol de las clases le restó ductilidad a sus análisis sobre el proceso histórico del movimiento.

El demonio populista

Si la llamada "Revolución Libertadora" de 1955 preten­día restaurar la vieja república liberal extirpando el "totalitarismo" de la "segunda tiranía", dos decaídas más tarde las intenciones del golpe militar eran sutilmente diferentes. El Proceso de Reorganización Nacional, como se autodefinió eludiendo cuidadosamente la palabra revolución y subrayando su pretensión re-fundacional, proclamaba solemnemente como "base doctrinaria" del mismo el objetivo de erigir "un Estado con autoridad", "apto para preservar a los ciudadanos del populismo demagógico y anárquico" (Junta Militar, 1979). El con­cepto de populismo se convirtió en un anatema de la pro­paganda oficial y oficiosa, pretendiendo asimilarlo con las ideas de des-gobierno, corrupción, caos económico y también con la subversión, el otro demonio que "justifi­caba" todas las atrocidades dictatoriales.

Sebastián Soler (1980), por citar a un jurisconsulto que acompañó fielmente la parábola de la vieja clase diri­gente argentina en su tránsito del liberalismo autoritario al autoritarismo militarista, recomendaba públicamente a los generales la drástica proscripción del peronismo y aun de "muchos dirigentes radicales que se acercaron a Perón", para lo cual proponía el modelo brasileño de inhabilitaciones, la "casación". Aunque en su opinión la solución óptima era mantener un gobierno "revolucionario" o de excepción por veinte o treinta años para educar al pueblo: "En España, hay que reconocer que el señor Franco tenía una idea clara, precisa, que yo no compartía, pero que la aplicó durante treinta años, y al final se llegó a un resultado bastante discreto. Una vez le dijo Franco a Lanusse: el secreto está en el continuismo...". Es que según el doctor Soler, los males del país se resumen en el peronismo y su "demagogia de carácter populista"..

Para este polo del espectro político, el peronismo, y en alguna medida también el radicalismo, encarna el des­borde popular, el descontrol de las masas, una situación "anárquica" que sólo puede ser conjurada por el Estado autoritario. En el léxico oligárquico, populismo se identi­fica con el estigma de la demagogia, definiendo las políticas que halagan "los apetitos" del pueblo. La amenaza consiste en que ese pueblo no está educado para inteligir "la esencia del espíritu republicano", como decía Soler, explicando que los fundadores del liberalismo partieron de la base ilusoria de que los hombres eran buenos, inteligentes, y su voluntad tendía siempre al bien y la verdad. Al buen entendedor no se le escapa que, según ese razonamiento, los pueblos son malos y necios y su voluntad debe ser convenientemente reprimida.

El discurso de la dictadura cuyos inspiradores revi­saban con benevolencia el franquismo— no podía calificar al peronismo de fascista sin incurrir en una contra­dicción: el peronismo no podía ser perverso por tener alguna semejanza con el totalitarismo de derecha que el Proceso estaba dispuesto a llevar adelante. De allí que, acentuando el énfasis despectivo, la dictadura se apropió bastante arbitrariamente de un término ya de por si ambiguo, que había recorrido un largo camino.

El concepto populismo, acuñado por Lenin en su críti­ca a una tendencia socialista que pretendía rescatar las tradiciones colectivistas del campesinado ruso, se aplicó a los movimientos rurales del Medio Oeste y el Sur nor­teamericano de fines del siglo XIX y a otras manifestacio­nes políticas europeas y del Tercer Mundo (Worsley, 1970). En América Latina, a partir de la clásica visión de Gino Germáni (1962) sobre los fenómenos políticos que acompañan la transición de la sociedad tradicional a la sociedad industrial, Torcuato S. Di Tella y otros cientis­tas sociales y ensayistas políticos emplearon el término populismo para caracterizar determinados movimientos de masas emergentes en el proceso de industrialización. Si bien el concepto se aplica con frecuencia para conno­tar simplemente un estilo de movilización social o una forma de lograr la adhesión popular, en las teorizaciones de esta línea de pensamiento adquiere mayor precisión definitoria, asociado generalmente con la noción de "bonapartismo".

Bonapartismo y Estado populista

Germani explicaba que los "movimientos nacional-popu­lares" surgen de una movilización en el sentido de rup­tura de lazos y lealtades tradicionales de las clases subalternas con sus "superiores" que no encuentra mecanismos de integración que los absorban, como ocu­rrió en el proceso del siglo XIX en los países industriales de Occidente. Di Tella (1974: 67 y ss.) desde una pers­pectiva teórica similar, interpreta que constituyen una forma de expresión política de los sectores populares que no han alcanzado su organización e ideología autóno­mas, "de clase". El fenómeno se explicaría a partir del "efecto de demostración" cultural, que en los países en desarrollo afecta tanto a las elites como al grueso de la población, generando expectativas desproporcionadas en relación a la base productiva existente. Una elite de nivel social medio o alto motivada contra el statu-quo, una masa movilizada "disponible" como resultado de la "revo­lución de las aspiraciones", y una ideología o estado emocional que favorezca un liderazgo entusiasta, serían los nexos de organización del populismo. Esta es la alter­nativa típicamente latinoamericana a la coalición liberal o al movimiento obrero de tipo europeo; el liberalismo, utilizado como justificación de las clases dirigentes tradi­cionales, ha perdido sentido revolucionario, y el asociacionismo tradeunionista requiere una experiencia organizativa acumulada de la que carecen las masas. Dentro del género populista, Di Tella (1985: 337-338) distingue los partidos policlasistas de integración nacional como el PRI mexicano o la coalición varguista, el populismo de clase media del tipo aprista caso también de AD en Venezuela, MNR boliviano, MDB brasileño con protagonismo de los estratos medios y escaso apoyo de la clase alta, y final­mente el populismo obrero o de tipo peronista, que sería semejante al trabalhismo a partir de la época de Goulart, caracterizado por la participación de pequeños pero estratégicos estratos superiores (militares, industriales) bajo un liderazgo movilizacionista. Di Tella (1974: 47) entiende que el destino "normal" del peronismo, incluso predecible, sería su transformación en un partido labo­rista basado en los sindicatos.

En el análisis de Di Tella, el populismo se identifica prácticamente con el bonapartismo, es decir un régimen autoritario opuesto al statu-quo tradicional, apoyado en sectores bajos "movilizados" con poca conciencia de clase, destinado según Marx a ser meramente de transi­ción, aunque en la experiencia latinoamericana adquie­ren carácter "epidémico". Helio Jaguaribe utiliza con un alcance aproximado la denominación de neobismarckismo para definir la combinación de grupos burgueses industrialistas con sectores profesionales y militares modernizantes en la conducción de un proceso de desarrollo (Jaguaribe, 1967).

Un trabajo de Vania Bambirra y Theotonio Dos Santos (1977: 141 y ss.) sostiene que el Estado Novo varguista representa "una dictadura bonapartista que trataba de presentarse como 'Estado amalgama' de los intereses de todas las clases (excluido el campesinado), pero que representaba en la práctica la imposición sobre el conjun­to de la sociedad de los intereses de la burguesía indus­trial”. Vargas fue el creador de la tradición populista en Brasil, con un fuerte liderazgo personal asumido en nombre del pueblo, aunque los autores hablan también de "un eficiente liderazgo de la propia clase burguesa", y destacan la capacidad del régimen para ejercer sobre la clase obrera y otras capas sociales "un amplio control pa­ternalista-populista". Pero los industriales abandonan posteriormente la ideología nacionalista-populista deján­dola en manos de la pequeña burguesía y el proletaria­do, lo cual señala una de las causas del fracaso de ensa­yos populistas como el de Goulart.

Al historiar los primeros gobiernos peronistas en la Argentina, Marcos Kaplan (1977: 20, 23 y ss.) siguien­do el análisis de Silvio Frondizi (1959) los cataloga como "bonapartismo populista". El grupo que encabeza Perón "adquiere cierta independencia relativa frente a los distintos grupos nacionales y frente al sistema internacional", convirtiéndose en arbitro y manteniendo "un cierto equilibrio" entre distintos intereses y sectores actuantes en la sociedad. El peronismo surge y se desa­rrolla como representante "de la burguesía, argentina en general y no de unos sectores exclusivamente".

En una generalización sobre el régimen mexicano donde no distingue al cardenismo, Adolfo Gilly (1977: 43 y ss.) habla también de un "bonapartismo sui generis de los gobiernos de la burguesía" que hasta hoy explota "el mito de la continuidad" de la Revolución de 1910. Aquella clase que se consolida bajo la protección del nuevo Esta­do "nacional revolucionario" conquistó "una legitimidad histórica ante las masas del país que ninguna otra bur­guesía nacional latinoamericana ha podido alcanzar en la misma medida".

En estas concepciones, el fenómeno populista latinoa­mericano aparece connotado de paternalismo, como forma de tutela del proletariado por una fracción o por el conjunto de la clase burguesa. Vargas o Perón ejercen su liderazgo "en nombre de los intereses del pueblo", pero es un engaño: no existen intereses del pueblo, sino sólo intereses de clase, que son contradictorios, y por lo tanto el poder tiene que resolverse inevitablemente en predo­minio burgués o proletario. Toda alianza o compromiso tiene un equilibrio precario, y los líderes populistas deben inclinarse de uno u otro lado; en el fondo son fie­les a la burguesía, y ésta se beneficia así del apoyo de las masas a su proyecto a cambio de concesiones limitadas. Sin embargo, otros análisis marxistas como el de Marcello Carmagnani (1981) reconoce al Estado populista un fuerte grado de autonomía respecto de las clases domi­nantes, y por lo tanto una forma interclasista que los distingue de los regímenes clasistas. Además, aportes como el de Laclau (1978) permiten conceptualizar histó­ricamente los "intereses del pueblo", según veremos más adelante.

En la visión "internacionalista proletaria", del mismo modo que en la del cientificismo desarrollista, el populis­mo explotaría la patología del nacionalismo, que tiende a confundir los intereses de las clases populares. Lo que no advierten es que las masas no están "disponibles" para cualquier manipulación, sino que se identifican con un nacionalismo popular que resume la continuidad de sus luchas seculares por una concepción igualitaria y esen­cialmente democrática de "la patria". Los campesinos mexicanos, brasileños o argentinos que vinieron a nutrir el nuevo ejército industrial no eran masas "vírgenes", si­no portadoras de una cultura a la cual apelaron los líde­res populistas. Los contenidos históricos de esa cultura popular tema que excede los límites de este trabajo ­se remontan a las raíces indígenas y criollas de América, y en el caso del peronismo hemos mencionado la gra­vitación de las tradiciones federal e yrigoyenista, a la par que la experiencia del movimiento obrero (ver cap. n, 2).

Otra vuelta de tuerca sobre las cuestiones que consi­deramos es la focalización del Estado populista, como fenómeno resultante de las transformaciones que desen­cadena la industrialización sustitutiva y de la pérdida de hegemonía de las oligarquías (Ianni, 1975). El nuevo poder emergente sería una alianza de fracciones de clase, sin hegemonía de ninguna, que se legitima con el recurso a la movilización popular (Weffort, 1978). Su origen es la crisis de las oligarquías que se consolidaron en el ciclo anterior de exportación primaria, y la incapa­cidad de las mismas para "transformarse en burguesías propiamente dichas" (Carmagnani, 1981).

Aunque la denominación "Estado populista" puede resultar equívoca, es indudable que el Estado entendi­do como estructura institucional de dominación política, pero también como campo de lucha y resolución de los problemas de regulación del sistema socioeconómico adopta una nueva forma en la etapa industrialista, que en determinados aspectos instrumentales se prolonga más allá del eventual desplazamiento de los gobiernos populistas, y sufre el embate de otros intereses para remodelarlo. El Estado autoritario que configuran las dictaduras militares latinoamericanas se apodera de ese aparato invirtiendo el significado de su funcionamiento.

Refiriéndose en particular al caso brasileño, pero extrayendo conclusiones generalizables, Angelo Trento (1981) refuta la interpretación del Estado populista como representación de la burguesía industrial, ni siquiera en forma mediata, y lo caracteriza como situado "por enci­ma de los partidos y las clases", ejerciendo un arbitraje político que justificaría la expresión de Weffort "Estado de compromiso". Pero además, "la creación de una estructura de competencia, insustituible y autogenerable (burocracia técnica, económica, administrativa y sindical) y de un siempre mayor espacio de intervención directa en la economía" confieren a este Estado una base de poder como agente autónomo, operador de decisiones sobre todo económicas. Desplazada la vieja oligarquía y frus­trada la consolidación de una verdadera burguesía industrial, la inexistencia de una clase hegemónica favo­rece el desarrollo de un aparato estatal con alto grado de autonomía, y da relieve al papel de su personal civil y militar.

El recurso al pueblo

En uno de los más importantes ensayos teóricos sobre el tema, Ernesto Laclau (1978: 165-233) procuró resolver las perplejidades que implica para el análisis marxista la noción de populismo, al cual concibe como una forma de lucha ideológica que articula los contenidos de la tradi­ción popular desarrollando un antagonismo con el poder hegemónico. Laclau rechaza la idea de que el populismo sea la superestructura necesaria de ningún proceso social o económico, y por lo tanto critica la concepción funcionalista de Germani y de Di Tella, que lo relaciona con la asincronía en los procesos de tránsito de la socie­dad tradicional a la sociedad industrial; plantea además un agudo cuestionamiento a esa teleología de la moder­nización, es decir a la postulación del paradigma de la sociedad desarrollada de tipo occidental, según el cual se mide el grado de atraso o avance de los fenómenos políticos y los comportamientos sociales, y de lo cual se deduce la visión del populismo como anomalía o aberra­ción.

Criticando el reduccionismo que atribuye una perte­nencia de clase necesaria a todo elemento ideológico, Laclau refuta la clásica adscripción del nacionalismo como ideología burguesa, y señala que éste u otros con­tenidos pueden articularse, en principio, en los más diversos discursos políticos. Populismo es un modo de apelar al pueblo en conjunto, más allá de las clases, para enfrentar el poder establecido. Esta contradicción entre el pueblo y el "bloque de poder" tiene en cualquier país una larga historia, lo que explica la continuidad de las tradiciones de lucha social no obstante las disconti­nuidades en la estructura de clases (en el caso argenti­no, acotemos, los obreros urbanos peronistas asumen la tradición de lucha de las masas campesinas federales). La vaguedad del concepto pueblo deja de ser tal si se lo considera "uno de los dos polos en la contradicción domi­nante al nivel de una formación social concreta". Aunque la lucha popular se daría siempre articulada a proyectos de clase, el pueblo, lejos de ser una abstracción, es entonces un sujeto histórico real.

El populismo recogería las "materias primas ideológi­cas" que en cualquier sociedad expresan un antagonis­mo con la ideología en crisis del bloque dominante, pero según qué clase o fracción de clase lo instrumente será o no revolucionario. Laclau distingue un "populismo de las clases dominantes", donde incluye al fascismo y el nazis­mo, y otro "de las clases dominadas", como el maoísmo y en general los movimientos socialistas victoriosos (no dice dónde se ubicaría el peronismo). Pese a sus eviden­tes diferencias, todos ellos lograron articular al pueblo en su discurso para cambiar el statu quo y afirmar una nueva hegemonía. El populismo de las clases dominan­tes, agrega, resulta altamente represivo porque intenta una experiencia peligrosa: en un régimen parlamentario corriente las instituciones políticas contrarrestan el po­tencial revolucionario de las interpelaciones populares, en tanto que el populismo trata de desplegar dicho anta­gonismo, pero dentro de ciertos límites.

Laclau desarrolla la noción althusseriana de "interpe­lación" ideológica, que supone por parte de las clases dominantes un proceso de absorción y represión de con­tenidos populares y democráticos neutralizando los antagonismos, y por parte de las clases dominadas implicaría una operación inversa. En su tesis, el populis­mo consiste en "la presentación de las interpelaciones popular-democráticas como conjunto sintético-antagónico respecto de la ideología dominante", lo cual es la condi­ción del éxito de cualquier cambio social de fondo. El objetivo de la lucha ideológica de los sectores dominados debería ser "expandir el antagonismo implícito en las interpelaciones democráticas y articularlo al propio dis­curso de clase". En tal sentido, "un populismo socialista no es la forma más atrasada de ideología obrera, sino su forma más avanzada". Por lo tanto, no habría socialismo sin populismo, y a la vez, las manifestaciones más radi­cales del populismo serían las socialistas. Si bien el autor admite que en ciertos casos esas interpretaciones popular-democráticas adquieren "el máximo de autono­mía compatible con una sociedad de clase", este momen­to que denomina jacobinismo sería puramente transitorio.

En definitiva, la denominación populismo no caracte­riza la naturaleza de un movimiento, aunque resulta correcta si con ello se alude a una forma peculiar de articular las tradiciones populares de antagonismo con el statu-quo como instancia de su estructura ideológica. Por oposición a los movimientos populistas, los que Laclau llama partidos populares serían una variante donde los contenidos popular-democráticos se mantie­nen al nivel de meros elementos, sin desarrollar una alternativa realmente antagónica al marco ideológico vigente, como podría ser el caso de los partidos socialis­tas europeos.

Sobre el caso argentino, Laclau explica cómo el Esta­do oligárquico articuló en torno del liberalismo elementos ideológicos disímiles, llegando incluso, con la coop­tación del radicalismo, a incorporar el reformismo democrático. La crisis de los años '30 produjo una desarticulación de los elementos de su discurso, abrien­do la brecha que el populismo peronista explotó, desli­gando el liberalismo de sus últimos vínculos con los contenidos democráticos. Perón condensó en un nuevo sujeto histórico las interpelaciones opuestas al bloque de poder oligárquico democracia, industrialismo, nacionalismo, antimperialismo enfrentando al núcleo liberal que constituía su principio articulador. La nueva clase obrera "pasaba a constituirse en el sector social más concentrado y en la columna vertebral de todas aquellas fuerzas interesadas en la expansión del merca­do interna y opuestas a la continuidad del liberalismo oligárquico".

El discurso peronista, según Laclau, circunscribió el enfrentamiento con la oligarquía liberal a los límites de un "proyecto de clase": el desarrollo del capitalismo nacional: a cuyo efecto, ciertos elementos antiliberales pero no populares, como la ideología militar y católica, limitaban la potencial explosividad del antagonismo. Por otra parte, la relativa "pobreza" de la doctrina oficial del peronismo se explicaría por el carácter mediador que asumió Perón y su "Estado bonapartista": a diferencia del totalitarismo fascista, el régimen peronista no busca unificar o asimilar los aparatos ideológicos, ya que su fuente de poder reside en "su capacidad mediadora entre fuerzas opuestas".

La radicalización del lenguaje peronista más allá de esos límites tuvo lugar después de 1955, frente a la incapacidad del liberalismo restaurado de absorber las demandas democráticas de las masas, y llegó a expre­sarse con la fórmula del "socialismo nacional". En 1973 fracasaron los esfuerzos por articular la ideología popu­lar-democrática en forma tal que fuera asimilable por la burguesía, y el régimen de Isabel Perón "se hundió en un caos represivo" sin haber podido estabilizar esa rela­ción.

Este brillante trabajo de Laclau, que comentamos sintéticamente a riesgo de esquematiza.rlo, ha sido prác­ticamente ignorado por el pensamiento socialista argen­tino. Tal vez deliberadamente, ya que pone en tela de juicio su propia historia, incorporando a la lógica marxista mucho de lo que en nuestro país fueron aportes del nacionalismo en sus diversas vertientes tradiciona­les y de izquierda. Las "audacias" de Laclau no sólo invalidan el clásico reduccionismo clasista de los parti­dos marxistas y su proverbial seguidismo del discurso liberal, sino que les señala como único camino posible un espacio que en la Argentina hoy está ocupado por el peronismo. El punto de vista sustancial es el mismo de la "izquierda nacional" de la que este autor proviene, aunque el nivel de la exposición y sus conclusiones, a tono con el debate europeo de los años '70, se aparta del marxismo patriótico de Ramos que conocemos.

Jorge Bernetti (1983: 196-219) ha hecho su propio análisis del "populismo" peronista apoyado en la conceptualización de Laclau. De ese modo clarifica el tema del contenido democrático de las luchas que se resumen en el movimiento, con independencia del escaso o nin­gún grado de conciencia de los actores en virtud de la apropiación oligárquica del concepto de democracia, que es preciso rescatar. Su propuesta teórica sería la necesidad de que el peronismo supere un "populismo utópico" para constituir un populismo democrático "que pueda crear las condiciones del socialismo", según la sugeren­cia que planteó Touraine. Si bien resulta siempre intere­sante el concepto socialismo, principalmente como vía de comprensión mutua con las fuerzas progresistas y populares del mundo y con los intelectuales, parece evidente que en el caso argentino esa definición introduci­ría una limitación del campo social que busca expresar el peronismo en las actuales condiciones de lucha por el proyecto nacional-popular.

3. EL PROYECTO Y LOS ACTORES

Desde diversas perspectivas teóricas, las posiciones hostiles, críticas o comprometidas con el peronismo que tratamos en las páginas anteriores definen una polémica de ningún modo agotada alrededor de los primeros interrogantes que nos planteamos al comenzar este tra­bajo, sobre la naturaleza social y la filiación ideológica del fenómeno peronista. Algunos de estos aportes sumi­nistran elementos de precisión para analizar el tema, que no desaprovecharemos en nuestra indagación.

Es necesario considerar ahora otras respuestas a la cuestión, que se deducen de las fuentes ideológicas que nutrieron la concepción peronista contribuyendo a arti­cular su proyecto histórico, así como de la inserción de las clases y grupos sociales en el movimiento. La versión popular del nacionalismo que definieron los forjistas, su asimilación en los hechos y en la doctrina de Perón, y el papel que desempeñan sobre todo el movimiento obrero y algunos sectores empresarios y militares, permiten aproximarnos al interior del fenómeno, a su lógica pro­pia y a la conciencia de los protagonistas. No por eso se trata de una definición más certera del peronismo, sino en todo caso de los fundamentos de su "autoexplicación" y una interpretación en función de sus actores sociales. En este recorte sincrónico de la experiencia histórica, apuntamos a caracterizar los elementos del peronismo que pueden considerarse permanentes en su evolución, antes que otros factores y actores contingentes cuya incidencia tratamos más adelante.

El nacionalismo popular

La primera utilización del término nacionalismo como categoría política la hizo en la Argentina el partido de Bartolomé Mitre, sobreponiendo al autonomismo bonae­rense la "misión" de organizar (subordinar) el interior del país. No fue muy distinta la acepción que le dio el conservadorismo roquista. En cambio, Felipe Varela, uno de los últimos caudillos federales, había empleado el térmi­no con un sentido inverso, dentro de la concepción americanista de su proclama revolucionaria de 1866, lla­mando a las armas a los "compatriotas nacionalistas" contra el centralismo porteño.

De todos modos, el significado actual del nacionalismo como corriente ideológica proviene de los años posterio­res al ascenso del yrigoyenismo y a la Revolución Rusa, cuando aparece una reacción contra las luchas obreras instigadas por "agitadores extranjeros" y contra la "dema­gogia cómplice" de gobierno radical. Manuel Carlés, fundador en 1919 de la Liga Patriótica Argentina, con su programa para las clases medias y sus prácticas rom­pehuelgas, fue precursor del nacionalismo de derecha que el general Uriburu llevó al poder con el golpe militar de 1930 (Hernández Arregui, 1973a: 165 y ss; Buchrucker, 1987: 35 y ss.).

Este nacionalismo, que Buchrucker denomina restau­rador, tuvo diversas expresiones doctrinarias que no lle­garon a articularse políticamente de manera unívoca, ni siquiera durante aquel breve gobierno dictatorial. Sus figuras intelectuales más influyentes fueron Leopoldo Lugones y Carlos Ibarguren, ideólogos del uriburismo, el padre Julio Meinvielle y Jordán Bruno Genta en el polo "fundamentalista" más reaccionario, Nimio de Anquín como declarado propulsor del fascismo, Marcelo Sánchez Serondo y Mario Amadeo entre los políticos y ensayistas, Juan Pablo Oliver, Ernesto Palacio, Julio y Rodolfo Irazusta entre sus brillantes historiadores. Por sobre múlti­ples matices es posible definir genéricamente esta co­rriente en base a una serie de temas comunes que son, en rápida síntesis, sus postulados antiliberales y antide­mocráticos, el revisionismo histórico rosista, la denuncia del imperialismo anglosajón, la actitud conservadora y xenófoba frente al movimiento obrero, el antisemitismo, la identificación de la nación con los valores de la tradi­ción cultural grecorromana, hispánica y católica, el corporativismo, el elitismo militarista, la adhesión al fascismo europeo y al franquismo, y un nacionalismo económico y territorial que aspiraba a cierto liderazgo argentino en Sudamérica o a la restauración de la unidad del Virreinato del Río de la Plata.

En 1935 un grupo de jóvenes radicales opuestos a la conducción alvearista del partido fundó forja (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), en la cual se definió otra tendencia naciónalista, principalmente a tra­vés de las obras y la prédica de Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ortiz Pereyra, Luis Dellepiane, Homero Manzi, Jorge del Río, Atilio García Mellid, Darío Alessandro y otros. Hernández Arregui (1973a: 290 y sa.) destaca su carácter argentino e hispanoamericano, "sin influencias europeas", y Buchrucker (1987: 258 y SSJ la ubica como expresión de un nacionalismo populista, cuyos antecedentes y vertientes paralelas serian los tra­bajos de Manuel Ugarte, Haya de la Torre, el general Alonso Baldrich, Saúl Taborda y José Luis Torres. A esta línea se acercaron más tarde intelectuales del otro nacio­nalismo como Ernesto Palacio, Ramón Doll, José María Rosa y Bruno Jacovella. Salvando sus matices, y atenién­donos a los numerosos documentos forjistas, las defini­ciones de este nacionalismo popular se contraponen con el nacionalismo uriburista al reivindicar a Yrigoyen y sustentar una visión democrática, antiliberal sin llegar a la negación autoritaria de las libertades, asumiendo como valor central la acción y la lucha del pueblo, que es la sustancia de su idea de nación; identificando la tradi­ción nacional con la cultura popular, el forjismo comprende y se acerca al sindicalismo obrero, y reivindi­ca al "gringo" inmigrante a la par del criollo; rescata el contenido originario de 1a Reforma Universitaria, se declara neutral ante la guerra civil española y la guerra mundial, rechazando tanto el imperialismo capitalista como el totalitarismo del Eje o el soviético, y propugna la liberación y la unión de los países latinoamericanos, en un continentalismo sin connotaciones hispanistas que se condensa en la idea de la “Revolución Americana”.

Su coincidencia básica con el nacionalismo anterior es la critica a la dependencia económica, compartiendo fun­damentalmente una posición antimperialista, pero ésta resulta más definida y consecuente en los forjistas. Jauretche (1962: 42-43, 56-57) señala que aquellos naciona­listas oponían a los modelos de importación del liberalis­mo otros modelos de importación, a diferencia de FORJA, cuyo método de análisis característico rehusa adoptar o adaptarse a ninguna ideología universal y, a la inversa, propone tomar de las ideas generales aquello que las necesidades y el momento histórico del país reclaman, para "hacer del pensamiento político un instrumento de creación propia".

El forjismo enfatiza la lucha por la "soberanía popular" centrada en el objetivo de la "emancipación económica" e inseparable de la "justicia social", prefigurando así las "tres banderas" justicialistas. La trascendencia de aque­lla modesta agrupación que realizó una solitaria campa­ña pública durante la "década infame", se torna evidente al comprobar que casi todos sus contenidos fueron pos­teriormente incorporados y traducidos a la acción políti­ca por el peronismo.

El capitán Juan D. Perón participó en el golpe militar de 1930, pero no ocupó ninguna función pública; poste­riormente fue ayudante del general Rodríguez en el Ministerio de Guerra, que definió una línea "profesionalista" para el ejército. A diferencia de otros militares de perfil político que activaron en la Legión Cívica u otras de las numerosas y efímeras organizaciones nacionalistas de la década del '30, Perón se dedicó en aquel período a su carrera y sus estudios de historia militar. El gobierno de facto de 1943 llamó a colaborar a muchos civiles del nacionalismo en diversos cargos, pero la relación que Perón estableció con los sindicatos obreros era incompa­tible con la proximidad de aquéllos. En cambio, los forjis­tas que establecieron contacto con el GOU a través del mayor Estrada colaboraron con la Secretaría de Traba­jo y Previsión y disolvieron la agrupación para sumarse al peronismo después del 17 de octubre de 1945 (Jauretche, 1962; Chávez, 1975).

Perón realizó su propia síntesis del nacionalismo popular, que no difiere sustancialmente del forjismo, y desde la presidencia concretaría la propuesta de "un pensamiento político propio" definiendo la "Tercera Posi­ción" justicialista, concebida no como una ideología de partido sino como doctrina nacional. Esta formulación acentuó los temas de la justicia social, reflejando las influencias socialistas del movimiento obrero, en el cual Perón encontró su apoyo más sólido. Buchrucker (1987: 318) señala que proviene del anarcosindicalismo la idea del protagonismo político directo del sindicato, sin me­diación del partido (que se incorporó en el art. 33 del estatuto sobre asociaciones obreras, decreto 23.852/45), y también el objetivo de que los sindicatos llegaran a administrar los medios de producción (que se proyectó en las previsiones sobre el accionariado obrero del Iº Plan Quinquenal y en el ensayo de 1946-1948 con la Empresa Mixta Telefónica Argentina (Chumbita, 1988 b).

Hay que tener en cuenta también la influencia de la doctrina social de la Iglesia, reiteradamente citada por Perón. Muchos católicos como el padre Hernán Benítez, Arturo Sampay, Leopoldo Marechal y Castiñeira de Dios participaron del peronismo desde esa concepción. No obstante, la realidad del sindicalismo peronista resultó bastante conflictiva para el modelo socialcristiano y sus­citó repetidas objeciones de la jerarquía eclesiástica. Por otra Parte, el peronismo tendió a expresar un cristianis­mo popular compatible con la tradición obrera anar­quista y socialista y potencialmente anticlerical esbo­zado por Evita e incluso por el padre Benítez, que ali­mentó finalmente el conflicto de Perón con la Iglesia en 1954-1955 (Forni, I, 1987: 222 y ss.).

El justicialismo aparece entonces como una versión del nacionalismo popular argentino, definido en torno de los aportes del yrigoyenismo forjista y recogiendo aspec­tos importantes de la tradición del movimiento obrero y del socialcristianismo. Posteriormente se acentuaría el revisionismo histónco, que apenas se insinúa en el primer peronismo, y la perspectiva de la liberación del Tercer Mundo, desarrollo lógico de los postulados terceristas originales. Es indudable que a través de sus dos ver­tientes Perón receptó el pensamiento medular del nacio­nalismo, y sin embargo rehusó sistemáticamente asumir este rótulo, históricamente connotado por el uriburismo filofascista, luego por el lonardismo y una persistente línea de derecha autoritaria. Una actitud similar adopta­ron los últimos forjistas, Scalabrini y Jauretche, quienes hicieron la mejor defensa e interpretación del peronismo después de su caída en 1955.

Scalabrini Ortiz (1965) había sido en 1945 el ideólogo de la política de nacionalización de los servicios públicos y de la recuperación de los resortes de la economía fren­te al sistema de dominación extranjera. Jauretche (1962, 1966, 1967) realizó una obra ensayística coincidente con la de Scalabrini, que reivindicaba la continuidad histó­rica de la "línea nacional" Rosas-Yrigoyen-Perón, más allá de las limitaciones de las figuras que la encarnaron. En Scalabrini es más clara una visión latinoamericana de la cuestión nacional en los clásicos términos forjistas, mientras que el curioso "antibrasileñismo" jauretcheano estrecha esa perspectiva.

Jauretche se autodefinía como nacional, y no como nacionalista. Subrayaba así las diferencias con quienes "velan la Nación como una idea abstracta, desvinculada de la vida del pueblo, y en el fondo pensaban en una tutoría rectora de minorías fuertes, opuesta al despotismo ilustrado de los liberales pero destinada a hacer al país desde arriba y a la fuerza...". Para ese nacionalismo la Nación se había realizado y fue derogada, mientras que para los forjistas "sigue todavía naciendo" (Jauretche, 1962: 43). A partir de un profundo conocimiento del país, los ensayos jauretcheanos antagonizan con los intelec­tuales de espaldas al pueblo (la intelligentzia), denun­ciando la "colonización pedagógica" que impide pensar la realidad con los pies en esta tierra.

Respecto del peronismo, Jauretche (1967: 310 y ss.) afirma que "el movimiento de 1945 reunía las condicio­nes ideales de un movimiento de liberación nacional. La lucha por la emancipación y la justicia social no la pue­den hacer por separado las distintas clases sociales... Ni el proletariado ni la clase media ni la burguesía por sí solos pueden cumplir los objetivos...". Por otra parte, una revolución triunfa cuando todo el escenario es ocupado por las diversas tendencias revolucionarias, lo cual en este caso llevaría a que la lucha política se plantee entre distintas fuerzas de "signo nacional". En tal hipótesis, no sólo era posible sino deseable una "convivencia demo­crática" entre fuerzas opuestas que compartieran "su­puestos básicos comunes". Jauretche fue crítico frente a los "errores de conducción" de Perón, cuyo personalismo había desplazado a los sectores medios del movimiento lesionando inútilmente "sus preocupaciones éticas y estéticas", desestimulando a los militantes con una orga­nización "de arriba a abajo", y desatendiendo la capta­ción de la nueva burguesía que tendía a "ignorar de qué circunstancias históricas era hija". Era así que el movi­miento, liberado de "una falsa disciplina interna" con­cebida sobre el molde de la organización como valor en sí misma se había tornado más combativo en la adversi­dad que en la victoria. Aunque hubo escaso diálogo entre ambos, es seguro que Perón escuchó estas críticas y las tuvo presentes a la hora de su tercer gobierno.

La corriente del nacionalismo popular, que fue tam­bién expresión de la Resistencia en los años de proscrip­ción del peronismo, tuvo gran influencia sobre la genera­ción militante de los años '60, pero quedó descolocada como el grueso del movimiento al radicalizarse las tendencias de izquierda y derecha, y luego fue silenciada por el Proceso. Reaparecida principalmente desde el periodismo hacia fines de la dictadura, sobre todo con los aportes de José María Rosa, Fermín Chávez, Gar­cía Della Costa, Salvador Ferla, su "descendencia" se refleja en los trabajos de una generación más joven que acompañó críticamente la experiencia de la Renovación peronista.

Organizar la nación

La doctrina era ante todo la resolución de un dilema polí­tico, en el sentido en que lo concebía y lo zanjó Perón la noche del 4 al 5 de junio de 1946, recién asumido presi­dente de la República. La reflexión insomne de aquel momento, escrita de su puño y letra, conservada por Evita y leída cinco años después en una de las clases de conducción política, plantea la cuestión hamletiana de enfrentar al imperialismo o traicionar a su pueblo, y concluye resolviendo: "yo me decido por mi pueblo y por mi patria" (Perón, s/d: 289). No era una simpleza, ni lo es hoy a pesar del desgaste que han sufrido estos térmi­nos: es el concepto nuclear del movimiento nacional-popular.

Es inútil buscar en los discursos de Perón la teoría de la nación como un orden natural cerrado, a la manera del nacionalismo "restaurador". El se refiere en todo caso a la patria, acepción castrense, más elemental y filial de aquel concepto, y al pueblo, que es su corporización humana actual. Es que la doctrina se resume, en último análisis, en el proyecto de organizar o reorganizar la na­ción como un desafío constructivo, inspirado inicialmente a Perón por la necesidad de la defensa frente al enemigo exterior y relacionado con la teoría de la nación en armas de Clausewitz. De allí también que la concepción del nacionalismo peronista es esencialmente defensista y no ofensiva.

La idea central de La comunidad organizada (1984: 87) que, desbrozada del espeso fundamento erudito que caracteriza ese texto, se reitera igualmente en otros mensajes peronistas es la postulación de "un Estado de justicia, en donde cada clase ejercita sus funciones en servicio del todo". Hay a la vez una obsesión a lo largo de la prédica de Perón (1976) en torno del tema de la orga­nización, que sin duda refleja su experiencia en el seno de la institución militar: "es imposible conducir lo inor­gánico", "la organización vence al tiempo", "unidad, soli­daridad, organización". La tarea se desarrolla en varios planos: organización del Estado y del gobierno, del movi­miento, en los que el líder compromete su esfuerzo per­sonal, y organización del pueblo, que sólo puede ser rea­lizada libremente por éste. El objetivo es la unidad nacional orgánica, síntesis de la articulación de sus componentes. Otra constante en el pensamiento de Perón es que la justicia social, o sea el bienestar popular, es el único sustento o garantía efectiva de esa unidad: la fina­lidad última es "la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo". Perón postuló además la unión latinoameri­cana inicialmente en términos de integración económica, luego como base de una nación continental, y en el Modelo Argentino (1980: 41) como etapa hacia la integra­ción universalista.

Una propuesta de esa dimensión excedía los estrechos límites del partido, y aún de un movimiento policlasista. Se trataba nada menos que de edificar una nación. Esto explica la aparente desmesura de convertir la doctrina peronista en doctrina nacional, incorporando sus princi­pios a la Constitución de la República, pretendiendo luego su introducción en la enseñanza pública e incluso en los institutos militares, lo cual provocó la resistencia de demasiados sectores adversos al "adoctrinamiento".

Aquella finalidad superior, que el conductor proclama­ba diciendo que "la nación no puede estar al servicio de la política, sino la política al servicio de la nación" (C.U.A., 1948: XIII), se manifiesta hacia 1950 en lo que Sigal y Verón (1985: 59 y ss.) llaman un "vaciamiento del campo político", en el cual Perón deslegitima los partidismos y descalifica la oposición al proyecto nacional, que es y debe ser el de "todos los argentinos". Si éste era real­mente el dilema de fondo, no cabe duda de que, por un lado, los términos triunfalistas con que Perón lo plantea­ba en ese momento subestimaban la entidad del "enemi­go", y por otro lado, no reconocían un espacio legítimo fuera del movimiento que permitiera articular el sistema democrático. Tiene pertinencia aquí la observación de Jauretche sobre la conveniencia de un pluralismo dentro del campo nacional, como el que Vargas había intentado diseñar en Brasil. Perón facilitó, sin embargo, en su segundo gobierno, la creación del Partido Socialista de la Revolución Nacional, liderado por Enrique Dickmann en 1953, y también el acercamiento con el "conservaduris­mo popular" de Solano Lima, aunque ninguna de estas tendencias alcanzó demasiada importancia en el espec­tro político. El logro más fecundo fue, en ese sentido, la coincidencia de la Hora del Pueblo, que permitió que el radicalismo y otros partidos opositores compartieran los supuestos básicos de la experiencia de 1973, cuando ante la gravedad de la crisis social Perón propuso la "reconstrucción nacional".

De todos modos, como lo reconocen Sigal y Verón (1985: 231 y ss.), el peronismo funcionaba en un contex­to institucional democrático y jamás puso en cuestión el sistema del sufragio. La estrategia enunciativa de Perón se identificaba con la nación, expulsando al adversario a "las zonas de sombra de la antipatria", pero, a diferencia de la enunciación totalitaria que no admite fisuras y exige la destrucción física del otro, él no excluía definitivamente a los partidos de oposición, ya que no eran real­mente su antagonista. Por otra parte, el "potencial totali­tario" del peronismo que resultaba de la homología entre el movimiento y la nación, se neutraliza siempre según los autores citados por la negativa de Perón a decidir entre las posiciones encontradas que disputaban dentro del movimiento. Podría haberlo hecho, instituyendo el juego de la democracia interna, pero no lo hizo, para no institucionalizar las diferencias o para conservar su poder arbitral, y eso precipitó la violencia.

Aunque el ensayo de Sigal y Verón se interesa más por poner a prueba las armas de su ciencia del discurso que por comprender esta historia, los resultados son sugerentes. Hoy, después de la Renovación, sabemos que la posi­bilidad de subsistencia del movimiento se cifraba en el juego democrático interno, y podemos incluso reprochar a Perón no haberlo dejado establecido. Pero, volviendo a 1973, ¿por qué no "decidió" entre las posiciones encon­tradas empleando su poder arbitral? Convengamos ante todo que no fue "neutral" entre la izquierda y la derecha, que utilizó su influencia para frenar a la primera, y que su actitud frente a los montoneros fue tratar de descabe­zarlos y recuperar las bases (Ivancich y Wainfeld, 1985, III). No obstante, es cierto que en ésta, como en otras contradicciones internas del movimiento, se manejó con el clásico recurso de hacer el "padre eterno" (ver cap. II, 2). Toda su sabiduría política se resume en ese estilo, que contradice la tesis del "fascismo subjetivo"; ésta puede explicar algunas de sus ideas u opciones, pero no su forma de conducción. Hay una diferencia apreciable entre su personalismo, que podía tener expresiones auto­ritarias, y la típica mentalidad fascista que también se ha caracterizado como "personalidad autoritaria". En Perón, como en Yrigoyen, prevalece un razonado realismo, anti­tético con cualquier dogmatismo mesiánico, según lo exponía en sus clases de conducción política:

"La política, a pesar de que en ella hay algunos intran­sigentes, es un juego de transigencia. Se debe ser in­transigente sólo en los grandes principios. Hay que ser transigente, comprensivo y conformarse con que se haga el cincuenta por ciento de lo que uno quiere, dejando el otro cincuenta por ciento a los demás. Pero hay que tener la inteligencia necesaria para que el cincuenta por ciento de uno sea el más importante. En esta conduc­ción, nada rígida, todo dúctil, nada imponente, todo sen­cillo, hay que ser tolerante hasta con la intolerancia" (Perón, s/d: 160-161).

He aquí una pista para entender la naturaleza del peronismo, su peculiar mezcla de idealismo y empiris­mo. La política está al servicio de los grandes principios, pero "la única verdad es la realidad". Basta con obtener el cincuenta por ciento más importante. El conductor no debía interferir demasiado en la resolución de las con­tradicciones internas, su misión era encauzar y orientar el proceso de conjunto. El no podía darle la razón a un bando, aunque la tuviera, sin que ello dificultara la recomposición (tanto del movimiento como de la na­ción).    

Es interesante relacionar esta lógica de la conducción peronista con la dicotomía que establece Kusch (1983) entre la racionalidad europea y el pensar americano, en términos del ser y el estar, la transformación y la adapta­ción al mundo. De algún modo, Perón, formado a la europea (Buchrucker, 1987: 311 y ss.) pero profunda­mente "hijo del país" (Chumbita, 1987: 40-41), combi­na esas dos actitudes básicas: se adecúa a la "evolución histórica" pero con un plan para conducirla, emprende el proyecto transformador y transige en la ejecución, revo­luciona y conserva, adoctrina y tolera, violenta y respeta. ¿No es esta conducta, aparentemente contradictoria, lo propio del mestizaje latinoamericano?

En otro nivel de análisis, la recurrente paradoja del constructor de la nación, del creador de una identidad, era producir "nuevas formas de disgregamiento y recom­posición de antagonismos". El "general de la conciencia desdichada", como lo llama Horacio González (1985: 46-47), buscaba la unidad y cavaba trincheras. La lucha por la unidad nacional ahondó la fractura secular de la sociedad argentina. La causa de la unión latinoamerica­na desató la ira imperial en el continente. La unidad del movimiento estalló en una guerra de bandas. He aquí cómo, a pesar de sí mismo, el peronismo no puede eludir su destino de lucha, quizá porque ésa es la única histo­ria de estos pueblos.

Retornando al dilema hamletiano del 4 de junio que comentábamos al comienzo de este punto, importa insis­tir en que el proyecto justicialista fue intransigente en mantener el principio de independencia nacional: lleván­dose por delante un siglo de sumisión a las reglas del capitalismo mundial y enfrentando a la vez al comunis­mo, la irrupción del peronismo suscitó un escándalo universal. En 1951, cuando parecían superados los problemas internos, Perón (s/d: 287) tenía que reconocer la gravedad del problema externo. Toda la prensa liberal, la diplomacia, la opinión pública occidental en contra, y paralelamente la hostilidad del sindicalismo internacional, la intelectualidad de izquierda, los universitarios, donde la influencia comunista era en aquellos años indiscutible. Vargas se hizo perdonar muchas cosas in­corporando al Brasil en el frente aliado y pactando con Prestes. Los gobiernos del PRI, que también enviaron tro­pas a la guerra, mantuvieron cierto modus vivendi con las izquierdas. Perón, en cambio, era imperdonable. La incomprensión en el terreno internacional es hasta hoy un déficit del peronismo, que no deriva tanto de sus excentricidades como de la leyenda negra que sus ene­migos propalaron sistemáticamente a diestra y siniestra durante décadas.

Los actores sociales

Conforme a la lógica "evolucionista" de Perón (ver cap. II, 1), su programa gubernativo no fue una ideación ex nihilo, sino el encauzamiento de una tendencia: la indus­trialización. Esa realidad nueva en sus magnitudes tenía sus protagonistas, sectores sociales en formación, que debían ser también los actores del proyecto: obreros y empresarios.

El informe atribuido a José Figuerola que sirvió de base a los planes del Consejo Nacional de Posguerra (1945) comenzaba registrando un dato estadístico: en 1943, el valor neto de la producción industrial superaba por primera vez en la historia argentina el de la produc­ción agropecuaria. El "esquema de la situación" incluía el desplazamiento de mano de obra del campo a los cen­tros fabriles, el impulso que había adquirido la industria al iniciarse la guerra, el crecimiento de la afiliación sin­dical y la conflictividad obrera, a pesar de la dispersión organizativa en razón de banderías ideológicas; el impor­tante sector empresario, salvo excepciones, se desintere­saba de la situación social y del progreso nacional. A las prudentes propuestas de aquel informe, que hablaba de diversificar industrias, lograr plena ocupación, estable­cer un sistema de seguridad social y delimitar la inter­vención reguladora estatal sin interferir la "libertad económica", se agregó posteriormente un conjunto de medi­das de inconfundible cuño forjista, tendientes a nacio­nalizar los enclaves dominantes del capital extranjero y a poner en manos del Estado los instrumentos fundamen­tales de regulación de la economía. Fue así que en el interregno entre el triunfo electoral de Perón y su asun­ción del mando, el presidente Farrell firmó doce decretos que, entre otras disposiciones, creaban el IAPI, nacionali­zaban el Banco Central y los depósitos bancarios y reor­ganizaban la banca oficial y las juntas reguladoras de la producción agropecuaria (Chumbita, 1988a: 77-78). Lo que nos interesa destacar aquí es que ese completo plan fue elaborado por un grupo de técnicos, militares, empresarios y sindicalistas que integraron el Consejo Nacional de Posguerra.

A través de la reforma social realizada desde la Subse­cretaría de Trabajo y Previsión, Perón obtuvo la adhesión de los sindicatos ya existentes, estimulando la creación y reagrupamiento de otros, promoviendo la expansión de la sindicalización y la centralización orgánica: del medio millón de afiliados con que contaban las organizaciones nucleadas en tres centrales sindicales se llegó en pocos años a más de tres millones aglutinados en la estructura de la CGT (Murmis y Portantiero, 1971: 77 y ss.). En los sindicatos de la industria, que fue el núcleo diná­mico de este proceso una gran proporción de migrantes del interior del país constituyeron una base mucho más "dispuesta" que los cuadros del anterior sindicalismo de izquierda. El 17 de octubre de 1945 se puso en evidencia que los obreros desbordaban el encuadramiento sindical de las viejas organizaciones, y el éxito fulminante del laborismo demostró que políticamente no respondían a los socialistas y comunistas.

La clase trabajadora en general, incluyendo además de los obreros y empleados urbanos a los trabajadores autónomos y a la entonces muy importante masa de obreros rurales, adhirió al peronismo y forjó dentro de éste su identidad social. De aquí pues que el movimiento obrero argentino, sin romper totalmente con su pasado de izquierda, adoptó sustancialmente las definiciones del nacionalismo popular. Esta realidad, considerada abe­rrante durante mucho tiempo, recién hoy comienza a ser admitida por el pensamiento de izquierda: "las clases sociales se constituyen desde el principio según comple­jos sistemas de significación históricos y locales; y no hay razón teórica alguna para suponer a priori que, por ejemplo, las tendencias nacionalistas, populistas o sindi­calistas que caracterizan un determinado movimiento obrero en el contexto de un determinado régimen social de acumulación deban ser tratadas como meras desviacio­nes respecto de una pauta ideal de orientaciones y de comportamientos que serían globalmente imputables a la clase obrera" (Nun, 1987: 43). Los equívocos teóricos al respecto provienen obviamente de la visión eurocéntri­ca, sin advertir las disparidades entre la estructura de clases de las naciones del viejo mundo y las sociedades latinoamericanas, casi invertebradas, de industrializa­ción reciente.

Esta clase trabajadora emergente no aspiraba a una revolución socialista. La propuesta de los partidos socia­lista y comunista era un frente progresista con los "par­tidos burgueses", es decir lo que fue la Unión Democráti­ca (apoyada por los conservadores y por la embajada norteamericana). El programa laborista no iba más lejos que las propuestas del forjismo. La "revolución nacional" tenía un profundo sentido social, pero nadie pretendía la socialización de las fábricas ni de la tierra. Las propues­tas sobre el accionariado obrero en cierto modo más avanzadas que las demandas sindicales tendían a pre­parar a la clase obrera para cogestionar y autogestionar las empresas; sin embargo, por motivos que no han sido suficientemente estudiados, los proyectos de este tipo no prosperaron. La utopía justicialista no fue por ello más modesta: si Marx había anunciado al proletariado el reino de la libertad, Perón le prometió el reino de la feli­cidad.

El proyecto de la revolución nacional apuntaba cen­tralmente a terminar con la dominación del capital extranjero que caracterizó la etapa fundacional de la "Argentina moderna". No fue una revolución "anticapitalista" en el sentido de eliminar la propiedad privada de los medios de producción y de cambio, pero subordinó el modelo capitalista a una planificación con fines sociales y nacionales, y eliminó el dominio directo del capital externo sobre los servicios estratégicos banca, comer­cio exterior, transporte, energía, telecomunicaciones que permitían controlar el sistema económico. Fundó así también un ciclo de relativa desconcentración económica y de predominio del capital nacional en la producción. Las inversiones extranjeras, que en 1940 superaban el 20% del capital existente, pasaron a representar menos del 5% (Ferrer, 1968: 189 y ss.; Jorge, 1973: 150 y ss.). Sin embargo, la dependencia externa subsistió, indirectamente, en la medida en que no se consolidó un sistema de desarrollo industrial autocentrado, y el dina­mismo expansivo de una nueva fase del capitalismo internacional impondría luego al país otras formas de dominación directa e indirecta.

Perón consideraba haber "superado" el capitalismo como régimen de "explotación del hombre por el hom­bre", según los términos que quedaron fijados en la Constitución justicialista, y que se resumen en el artícu­lo 39: "El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social". Esto implicaba nada menos que deslegitimar la primacía del lucro individual como principio estructural de la eco­nomía y la sociedad. Los principios constitucionales del artículo 40 que estatizaban "la importación y exporta­ción", los servicios públicos, las fuentes naturales de energía y otras actividades de interés general, significa­ron un recorte sustancial a la esfera privada, consoli­dando un sistema de economía mixta. Era sin duda un modelo avanzado, con rasgos socialistas, aunque compa­tible con el desarrollo de una burguesía nacional dis­puesta a ocupar junto al Estado el lugar que dejaba vacante el retroceso del capital extranjero.

La debilidad social del proyecto radicó en su escaso eco en la clase empresaria. La burguesía industrial con la que se encontró Perón en 1943 prácticamente no exis­tía como clase consciente de sus intereses históricos, como clase "para sí" en términos marxistas. Era un empresariado que apenas tenía expresión gremial o corpo­rativa y carecía de proyección política e ideológica. En las entidades empresarias, por otra parte, predominaban los representantes de las "industrias tradicionales" (ali­mentación y bebidas) que surgieron desde principios de siglo fuertemente vinculadas a la vieja oligarquía agraria. La característica del sector desde 1930 a 1936 fue la proliferación de pequeñas y medianas empresas dedica­das a las nuevas industrias, cuyos propietarios prove­nían de los estratos medios y bajos de origen inmigrato­rio o eran recientes inmigrantes europeos; un indicador elocuente es que en 1935 el 60 % de los industriales no eran de nacionalidad argentina, lo cual explica básica­mente la debilidad política del sector y su "complejo de inferioridad" frente a la clase terrateniente tradicional (Jorge, 1973: 146-154).

La paradoja es entonces que la emergente pequeña y mediana "burguesía nacional" que podía sustentar el proyecto industrialista, en una gran proporción ni siquiera se había naturalizado en el país. Estos empre­sarios no podían entender la propuesta de "construir la nación" o emancipar al país de la dominación extranjera, y no simpatizaban con los sindicatos. A pesar de los incentivos que les brindaba el peronismo, sobre todo con su política de crédito industrial, veían la legislación obrera como una agresión a sus intereses, y por cierto ésta afectaba más a los empresarios más pequeños. La cúpula de la Unión Industrial Argentina se alineaba con la clase dirigente tradicional, y Perón sólo obtuvo la adhesión de un sector encabezado por el metalúrgico Miguel Miranda que fue su primer ministro de Econo­mía y el textil Raúl Lagomarsino.

Fue en aquellos tiempos iniciales cuando Perón utilizó el argumento de que sus reformas sociales eran la mane­ra de cerrarle el paso al comunismo, invocando una "amenaza proletaria" en realidad poco consistente (Buchrucker, 1987: 392-393). Lo cierto es que el peronismo necesitaba el concurso de la clase empresaria, y trató empeñosamente de lograrlo, sin ceder por eso en su polí­tica social. No obstante, la burguesía no ingresó como tal al peronismo. La CGE encabezada por José Ber Gelbard, se consolidó recién bajo el segundo gobierno peronista, y llegó a tener un papel destacado en 1955 al organizar el Congreso de la Productividad junto con la CGT; pero nunca se incorporó como rama del movimiento.

Algunos análisis del peronismo como "proyecto bur­gués sin burguesía" señalan un presunto papel "vicario" de los militares como sustitutos de aquella clase dirigen­te. Es verdad que en la planificación del gobierno justicialista jugó un papel importante la expectativa de una inminente tercera guerra mundial y la concepción de la industrialización como base de la autarquía económica y la defensa nacional. El grupo de militares que encabezó Perón expresaba de algún modo los intereses industria­les a partir de sus propias motivaciones profesionales, algo que se ha reiterado en la experiencia latinoamerica­na (Di Tella, 1985: 298). Ernesto López (1988: 83 y ss.) señala que durante la primera presidencia se realizó una verdadera "reforma militar", inspirada en la doctrina de la defensa nacional que Perón había esbozado ya en 1944. A la par que la expansión y modernización de las fuerzas armadas, el desarrollo de la producción para la defensa incluso industrias de punta dirigidas por los militares contribuyó al proceso industrialista. La po­lítica militar peronista, que después de 1946 exigía la subordinación a los poderes constitucionales, se orien­taba a un "profesionalismo comprometido pero prescindente".

Pero, como observa Alain Rouquié (1987: 55-98), la oficialidad veía con aprehensión los llamados de Perón a la lucha social y el aumento del poder sindical. Frente a las reformas que facilitaban el ascenso de los suboficia­les el componente popular de la institución muchos oficiales adoptaron la misma actitud que las clases medias ante el ascenso de los obreros. Luego de los falli­dos alzamientos de 1951 y 1952, se intentó "peronizar" o controlar la institución introduciendo el estudio obligato­rio de la "Doctrina Nacional" y privilegiando las lealtades personales, pero ello resultó más bien contraproducente. El conflicto con la Iglesia completó la evolución antipero­nista de gran parte de la oficialidad. En definitiva, ésta siguió el mismo comportamiento que la "clase media" civil.

Después de 1955 y de las "purgas" internas, sistemá­ticamente radiados los periódicos brotes de peronismo, las fuerzas armadas fueron instrumentadas como parti­do militar, que intentaría incluso realizar su vocación de "partido único" dictatorial (Fleitas, 1983: 35 y ss.). En su tercer gobierno, basado en equipos civiles, Perón pro­curó separar a los militares de la política y "poner en su lugar" a las fuerzas armadas en la defensa nacional, optando por imponerles una conducción profesionalista (Alvarez, 1983: 56-57). La evolución del movimiento muestra así un eclipse del inicial componente militar, tal como sucedió con el cardenismo y el varguismo, aunque siempre se mantiene latente la expectativa de recuperar la histórica "unidad pueblo-ejército". Los golpes milita­res invariablemente explotaron y defraudaron esas ilu­siones, y la experiencia extrema del Proceso las aventó tal vez por mucho tiempo.

Algo similar ocurrió con la corporación eclesiástica, aunque en ésta influyeron más directamente factores de carácter internacional. La Iglesia Católica evolucionó de un cierto compromiso con el justicialismo, a partir de la sanción de la enseñanza religiosa en la escuela pública y de las coincidencias doctrinarias en el socialcristianismo, a las denuncias que encabezó el padre Meinvielle contra "el proceso de estatización y proletarización" y al conflicto abierto que culminó con la ley de divorcio y el proyecto constitucional de separación de la Iglesia y el Estado (Chávez, 1975). No obstante la posterior y gradual recon­ciliación de Perón con la Iglesia, y la subsistencia de per­manentes vinculaciones entre los cuadros católicos y el movimiento, la mayoría de la jerarquía eclesiástica argentina se ha inclinado por un conservadurismo difí­cilmente conciliable con el peronismo.

La vuelta al poder del movimiento peronista en 1973 retomaba las líneas maestras de la experiencia anterior: así como Perón había alentado a los equipos técnico-pro­fesionales para que cumplieran el papel del Consejo Nacional de Posguerra, el programa se basó en un pacto de los actores sociales del proyecto: el movimiento obrero y los industriales "nacionales". Esta vez no participaron o no fueron convocadas las corporaciones militar y ecle­siástica. En cambio, apareció como un nuevo protago­nista el sector juvenil y universitario de las clases me­dias. En un plano menos aparente, tal como en el primer peronismo, también estaban los pequeños productores agrarios.

La conducción de la política económica fue asignada al titular de la CGE, que representaba a la pequeña y mediana empresa, particularmente del interior, y a una fracción de la burguesía industrial interesada en "llenar los espacios que dejarían las transnacionales" en una estrategia de desarrollo nacional autónomo (Paz, 1985: 67, 71 y ss.). El peronismo buscaba en estos sec­tores "un sujeto ajustado a su propio proyecto", el cual no era precisamente acomodarse al establishment, como interpreta Giussani (1983: 212 y ss.); la "caza del sujeto" no se dirigía al "mundo empresario" en general, sino al sector que pudiera jugar un papel en el proyecto nacio­nal-popular. La industria de capital nacional que repre­sentaba Gelbard venía siendo desplazada desde los años '60 por la expansión y la mayor productividad de las transnacionales y otros grupos económicos. No era una fracción hegemónica, lo cual fue un factor de debilidad del proyecto, aunque su fracaso se explica en el cuadro más amplio de las contradicciones sociales y políticas de ese momento (ver cap. n, 2).

En 1989, otra vez el problema del peronismo, para ser fiel a su historia, era articular un acuerdo entre trabaja­dores y empresarios actualizando su proyecto básico. La inesperada solución que planteó el gobierno de Menem, pactando con el núcleo del poder económico, implicaba un giro que consideramos en la última parte de este tra­bajo.

En conclusión

Concluyendo el tema de la naturaleza social del peronis­mo, es posible ahora sintetizar la respuesta a las prime­ras cuestiones que nos planteamos. El peronismo no puede explicarse en el marco de las categorías del espec­tro político europeo, sino en el contexto de la historia latinoamericana, como uno de los movimientos nacional-populares que la caracterizan y que responden a las constantes de sus tradiciones de lucha social y política. Las coincidencias con otros populismos que aparecen en la época de la industrialización sustitutiva en países como Brasil y México señalan la identidad de fondo de la realidad de América Latina, y la diversa evolución que siguen muestra las posibilidades que abrió aquel mo­mento formativo.

A partir de su formación militar y de una concepción estratégica de la defensa, Perón infundió al movimiento, como misión superior, la construcción de la unidad y la grandeza nacional en el marco de la unión latinoameri­cana, y le imprimió su peculiar estilo de conducción abarcadura y antisectaria. Los sujetos sociales que con­vergieron en el justicialismo los trabajadores, empre­sarios, las corporaciones militar y eclesiástica, los secto­res medios aportaron sus particularidades culturales, pero la fuerza predominante fue la de la clase trabajado­ra, que encarnó con mayor consecuencia la lucha del movimiento y encontró en él su identidad política.

Como decía Hernández Arregui y a pesar de la teo­ría de las correspondencias ideológicas de clase el peronismo es el partido nacional de los trabajadores. De allí deriva su "peligrosidad", tanto para la estabilidad del sistema de hegemonía norteamericana en América Latina como para determinados grupos económicos compro­metidos con un modelo excluyente de las mayorías populares. No es que el peronismo sea "anticapitalista" o que la clase obrera sea potencialmente socialista. El tercerismo justicialista está, en todo caso, "abierto a la reali­dad del futuro" (Perón, 1980: 26). Es un movimiento "revolucionario" no porque se proponga cambios violen­tos inmediatos, sino porque pretende transformar el sis­tema económico y social de la dependencia, y demostró históricamente que era capaz de hacerlo enfrentando todos los intereses internos y externos que se le oponían. Y, además, porque tales cambios tienden a proyectarse al resto del continente, con lo cual tendrían una dimen­sión y adquirirían una profundidad mucho más trascen­dente.

Es el partido de los trabajadores, y no de los empresa­rios. Pero como partido nacional, como movimiento nacional-popular, abarca otros estratos sociales, y tam­bién reclama necesariamente la incorporación de los empresarios a una estrategia común. Los empresarios no podrían pretender imponer un proyecto que responda solamente a la lógica de acumulación "capitalista", pero los trabajadores tampoco pueden obtener "gratis" la adhesión de aquéllos: la transacción resultará así en un proyecto interclasista, cuyos términos están sujetos a actualización en cada coyuntura en función de una rela­ción de fuerzas y de un contexto de posibilidades.

Ninguna de las vertientes ideológicas que aportaron su caudal al peronismo explica por sí misma la doctrina ni el movimiento. Los estudios militares de Perón y el nacionalismo, especialmente a través de su corriente "populista", influyeron en los programas de Estado y en la arquitectura del movimiento, así como también inci­dieron más en determinados sectores que en otros el socialcristianismo y las tendencias socialistas y sindica­listas que gravitaban en el movimiento obrero.

Como continuación de una historia de luchas nacio­nales y populares, el peronismo es "un encadenamiento de memorias" en el que recoge las diversas experiencias del pasado, incluso las contribuciones que hicieron "ins­tituciones de la patria" como la Iglesia o el ejército (negándose a aceptar que éstas sean apropiadas por el enemigo). Al asumir tradiciones dispares como las de la emancipación, el federalismo del siglo XIX y el yrigoyenismo, no deduce ni sacraliza un modelo institucional, sino una línea de contenido nacionalista y democrático. Ese caudal histórico, y el modelo de conducción amplio de Perón, han hecho coexistir en su seno a. los grupos y tendencias más disímiles, poniendo en riesgo su cohe­rencia en determinados momentos críticos. El eje de arti­culación de tanta diversidad es, en última instancia, el mutuo reconocimiento de las parcialidades como elementos necesarios de una nación en proyecto.

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